El Gobierno español aprobó dos decretos de vivienda que incluyen topes a los alquileres y la prohibición temporal de desahucios, tras el rechazo del Congreso que motivó la disolución de la cámara y la convocatoria a elecciones anticipadas fijadas para el 29 de noviembre por el presidente Pedro Sánchez.
El decreto inmobiliario desafía la parálisis legislativa
La aprobación por decreto ocurre tras el rechazo parlamentario y busca sortear la correlación de fuerzas adversa en el legislativo.
La administración central decidió aplicar los cambios normativos mediante la vía rápida, utilizando un órgano interino reducido tras el colapso de las negociaciones políticas. Las nuevas disposiciones gubernamentales introducen contenciones severas al mercado inmobiliario, destacando topes a los alquileres, una prohibición temporal de los desahucios y restricciones a la compra de viviendas por parte de empresas. El presidente Pedro Sánchez justificó la intervención estatal bajo el argumento de combatir la especulación y ordenar un sector calificado como disfuncional, respaldándose en sondeos de opinión que favorecen la medida.
El intento de desalojo de una mujer de 87 años en Madrid detonó una ola de protestas nacionales y abrió la puerta a posibles convocatorias de huelga general antes de la cita electoral.
La estrategia electoral del ejecutivo frente al parlamento
La disolución del Congreso abre un periodo de vigencia temporal para las normas mientras se define la nueva correlación de fuerzas.
La convocatoria a las urnas responde a la necesidad de Pedro Sánchez de conseguir una mayoría más amplia en el Congreso de los Diputados que garantice la estabilidad de su agenda habitacional, originalmente prevista para concluir en 2027. Las medidas entrarán en vigor de forma provisional tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando sujetas a la validación de la Diputación Permanente, un órgano integrado por 69 miembros y presidido por Francina Armengol.
Un segundo paquete normativo enfocado en la renovación automática de los contratos de alquiler quedó condicionado al aval de esta legislatura reducida, debido a la ausencia inicial de consenso político suficiente para su promulgación directa.
(Con información de Reuters)
