Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Lituania alertaron al excampeón mundial de ajedrez y disidente ruso, Garry Kasparov, sobre un plan de asesinato orquestado por redes de espionaje del Kremlin contra opositores en el extranjero.
Riesgo operativo en el exilio
Las agencias de seguridad internacionales confirmaron la existencia de un complot directo contra figuras críticas del régimen ruso residentes en el exterior.
La advertencia de los aparatos de seguridad estadounidenses y lituanos llegó tras la reciente imputación federal de 5 personas en Estados Unidos vinculadas a operaciones encubiertas de la inteligencia rusa. Estas redes operaban mediante la contratación de mercenarios locales para labores de vigilancia y seguimiento contra disidentes exiliados.
El alcance de la red de vigilancia
Medios internacionales identificaron a los principales disidentes bajo seguimiento en territorio estadounidense, ucraniano y lituano.
Las investigaciones señalan como posibles blancos al propio Garry Kasparov, residente en Nueva York, al disidente Ilya Ponomaryov, afincado en Ucrania, y al activista Iván Tyutrin, radicado en Lituania. Aunque la comunicación formal de los gobiernos no especificó los nombres de los blancos prioritarios, la exigencia de reforzar las medidas de protección personal evidenció la gravedad del riesgo operativo.
La respuesta de la disidencia
El opositor ruso descartó cualquier medida de repliegue táctico frente a las amenazas directas del aparato estatal de Moscú.
A sus 63 años, el opositor e incluido por Rusia en los registros oficiales de “agentes extranjeros” y de “terroristas y extremistas”, desestimó la posibilidad de ocultarse. Mediante un comunicado público en plataformas digitales, reafirmó su postura de continuar con las movilizaciones internacionales dirigidas a socavar las estructuras de poder del Kremlin, desoyendo las intimidaciones externas.
La postura oficial de Moscú
El gobierno ruso desestimó las acusaciones formales emitidas desde Washington al catalogarlas como infundadas.
Por su parte, la administración central rusa rechazó las imputaciones judiciales formuladas en el extranjero y argumentó la inexistencia de pruebas contundentes que sustenten la participación de agencias estatales en operaciones de eliminación selectiva fuera de sus fronteras, manteniendo su negativa histórica ante señalamientos similares.
(Con información de Reuters)
