Varios estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas en un tribunal federal en Manhattan para impugnar una norma federal que entrará en vigor el viernes, argumentando que otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentación, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
Una coalición estatal enfrenta la política de la Casa Blanca
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas presentadas el lunes, señalando que la medida obligará a las familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar asistencia y obtener estatus legal en el país, mientras que estados como California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin también forman parte de la impugnación legal. En una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes, la fiscal general advirtió que la norma se aprovecha del miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura sanitaria y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente.
Ciudades estadounidenses se suman al frente legal
Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades estadounidenses, como Chicago, San Francisco y Seattle, afirmando que la norma tendrá un efecto disuasorio no solo sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país. El funcionario local declaró que la nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas, advirtiendo que los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente y que ese temor no se limitará a las familias a las que el gobierno federal está apuntando.
La respuesta del departamento de seguridad nacional
Ante los señalamientos de los gobiernos locales y estatales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que figura como demandado en los procesos judiciales, desestimó las alarmantes advertencias a través de un comunicado donde cuestionó las motivaciones de los estados santuario. La agencia gubernamental declaró que estos estados temen perder fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían darse de baja de los programas de asistencia social estadounidenses, ironizando sobre las preocupaciones planteadas por los litigantes con la frase de que están temblando de miedo ante este supuesto desenlace terrible.
El trasfondo histórico y jurídico de la medida
Las demandas presentadas ante un tribunal federal en Manhattan impugnan específicamente el plan del Departamento de Seguridad Nacional para reactivar una norma sobre la carga pública que el presidente republicano impuso originalmente durante su primer mandato, y que posteriormente fue revocada por su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden. Los recursos legales argumentan que la nueva norma es arbitraria y caprichosa, excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional y se aparta del significado tradicional de la disposición federal sobre la carga pública, alterando los criterios vigentes en la materia.
Ampliación de la discrecionalidad y riesgos familiares
En el plano operativo, Letitia James afirmó que la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para tener en cuenta una gran variedad de beneficios públicos a la hora de tomar decisiones sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal en el país. Según explicó, la disposición permite a los agentes de inmigración considerar casi cualquier prestación utilizada durante cualquier período de tiempo en contra de un solicitante de la tarjeta de residencia, incluso si se trata de un familiar ciudadano estadounidense que se beneficia de dicha prestación, lo que significaría que la solicitud de residencia permanente de un padre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela.
Críticas de funcionarios y marco legal vigente
En la misma línea de rechazo institucional, el asesor jurídico de la ciudad, Steve Banks, añadió que esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia establecida para ampliar ilegalmente la definición de carga pública de una manera que el Congreso nunca pretendió, mientras que el fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la medida de política cruel. La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no dependerán de los beneficios públicos, y la nueva norma no especifica los programas que podrían tenerse en cuenta, limitándose a indicar que los funcionarios, haciendo uso de buen juicio y discreción, tomarán determinaciones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero.
(Con información de AP)
