La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen impulsado por la administración federal para prohibir la doble nacionalidad en aspirantes a la presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno.
San lázaro avala la restricción entre cuestionamientos de la oposición
La iniciativa enviada por la presidencia de la república logró avanzar gracias a treinta y dos votos a favor, mientras que las bancadas del partido revolucionario institucional y movimiento ciudadano expresaron su rechazo con cinco votos en contra durante la sesión de trabajo. El dictamen recibido en la comisión legislativa fue remitido de inmediato a la mesa directiva para agendar su discusión y votación por el pleno el próximo día veintiuno del mes en curso, consolidando los cambios a los artículos ochenta y dos, ciento dieciséis y ciento veintidós de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Durante las tres horas que duró la discusión parlamentaria, las fuerzas políticas opositoras del partido acción nacional, el partido revolucionario institucional y movimiento ciudadano criticaron duramente los cambios propuestos, aunque al momento definitivo de la votación los legisladores panistas optaron por ausentarse del salón de plenos para evitar fijar postura de manera presencial. Esta maniobra legislativa refleja la aplanadora con la que el régimen en turno opera en el poder legislativo para sacar adelante sus ocurrencias normativas sin verdadero consenso democrático.
La simulación de la lealtad exclusiva impuesta desde la presidencia
El decreto avalado establece expresamente que se reformará la fracción primera del artículo ochenta y dos constitucional para estipular que, además de los requisitos vigentes, será obligatorio no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato en los términos que fije la ley secundaria. La narrativa oficial insiste en que no se trata de una prohibición absoluta porque se permite la aspiración siempre que exista una renuncia previa ante el estado extranjero que otorgó dicha nacionalidad, buscando generar una aparente certeza jurídica sobre la exclusividad del vínculo con el país. Sin embargo, esta imposición responde a una agenda de control político centralizado y sospechas ideológicas disfrazadas de nacionalismo trasnochado, exigiendo que la legislación secundaria obligue a realizar trámites engorrosos ante gobiernos extranjeros para demostrar una lealtad que el propio régimen vulnera cotidianamente con sus decisiones de política exterior.
El régimen endurece las sanciones para mantener el control político
Las nuevas disposiciones estipulan que quien ejerza la presidencia de la república no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una ciudadanía distinta a la mexicana, prohibiendo taxativamente conductas como el uso de pasaportes expedidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos en el extranjero o el acogimiento a la protección diplomática de otra nación. Estas previsiones buscan blindar la permanencia de los funcionarios bajo el argumento de que la lealtad exclusiva debe conservarse durante todo el ejercicio de la responsabilidad pública, amenazando con someter cualquier incumplimiento al régimen de responsabilidades previsto en el título cuarto de la constitución. Con este tipo de candados punitivos, el oficialismo demuestra su obsesión por vigilar y castigar, creando un entramado legal rígido que busca excluir adversarios potenciales y blindar a la nomenklatura de la cuarta transformación bajo la bandera de una supuesta soberanía nacional inquebrantable.
(Con información de El Economista)
