El rey Carlos III zanjó el debate sobre el estatus de los duques de Sussex al recalcar mediante una carta oficial que Enrique y Meghan operan como ciudadanos particulares sin respaldo institucional ni prebendas de la Corona británica desde su establecimiento en territorio norteamericano en el año 2020.
La postura oficial de la realeza británica
La aclaración institucional surgió directamente desde la más alta jerarquía de la monarquía para disipar cualquier tipo de confusión tras el inesperado retorno de la pareja al Reino Unido en agosto junto a sus dos hijos menores, tras radicar varios años en los Estados Unidos. La misiva fue difundida por el lord Chambelán, el funcionario con mayor rango dentro de la estructura de la Casa Real, quien respondió a las diversas solicitudes de orientación recibidas ante la presencia de la familia en el país europeo.
En el documento se enfatizó con absoluta claridad que la posición que guardan ambos personajes es equivalente a la de cualquier ciudadano común y corriente, despojándolos formalmente de cualquier distinción ligada al tratamiento de alteza real y confirmando que sus actividades de índole caritativa corresponden estrictamente a una gestión de carácter privado y personal.
El dilema financiero por la seguridad oficial
El retorno imprevisto del príncipe Enrique, quien actualmente cuenta con 41 años, y de Meghan Markle, de 45 años, detonó de inmediato una intensa discusión pública centrada en la posibilidad de que los contribuyentes británicos deban absorber los costos operativos y económicos derivados de la custodia policial de la familia durante su estancia. Cabe recordar que, tras su separación de las obligaciones oficiales en enero de 2020, la pareja perdió de manera automática la protección policial sistemática que se otorga a los miembros activos que desempeñan funciones representativas en nombre del soberano.
El Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP, conocido como Ravec y operado como un organismo independiente bajo la supervisión directa del Ministerio del Interior, mantiene la facultad exclusiva para determinar qué figuras públicas o miembros de la realeza reciben resguardo del Estado. El príncipe Enrique mantuvo una batalla legal contra el ministerio tras la reducción de su nivel de seguridad tras su mudanza internacional, litigio en el cual resultó derrotado, aunque su regreso definitivo a territorio británico podría obligar al comité gubernamental a reevaluar los riesgos físicos y las condiciones de seguridad en torno a su persona.
(Con información de AFP)
