La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado una investigación formal tras un brote de gastroenteritis que afectó a 135 médicos residentes del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, derivado del consumo de alimentos en un comedor bajo servicio subrogado.
La fiscalización administrativa sobre el brote sanitario
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud mantiene un expediente abierto para deslindar responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en la gestión y supervisión del comedor institucional. La dependencia busca esclarecer si las autoridades del hospital omitieron protocolos de control en la contratación y vigilancia de la empresa privada encargada de la alimentación, una deficiencia que pone en entredicho la capacidad operativa y de supervisión de los funcionarios adscritos a la institución.
Cronología del colapso sanitario y respuesta oficial
El evento fue detectado el 31 de agosto, momento en el cual se reportó un incremento súbito en los cuadros de dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito entre el personal médico. La respuesta de las autoridades se retrasó hasta el 3 de septiembre, fecha en la que se formalizó la indagatoria tres días después de la aparición de los primeros síntomas. La verificación en campo realizada el 4 de septiembre permitió la recolección de testimonios y el análisis de las condiciones de almacenamiento y preparación de insumos, manteniendo el comedor clausurado desde el 1 de septiembre ante la crisis sanitaria desatada en el nosocomio.
Impacto clínico y hallazgos epidemiológicos
Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp en las muestras analizadas, detectándose además coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica en dos de los casos clínicos. Al corte del 3 de septiembre, un total de 41 médicos permanecían hospitalizados para recibir tratamiento especializado y vigilancia médica constante, mientras que el resto de los 135 afectados fueron integrados a protocolos de atención tras la exposición a los alimentos contaminados. La investigación continúa en fase de integración, con resultados pendientes de laboratorio que definirán las sanciones aplicables tanto a la empresa prestadora del servicio como a los funcionarios públicos supervisores del contrato.
(Con información de El Economista)
