La administración federal enfrenta una fractura interna de alta gravedad ante la acusación directa del vicealmirante de la Marina, Roberto Farías Laguna, quien señala a la Secretaría de Marina de encubrir una farsa judicial mediante el desacato sistemático a órdenes ministeriales que obstruyen el esclarecimiento de una red de huachicol fiscal que involucra a miembros del aparato de estado, del Senado y de la cúpula de Morena.
La confrontación directa con el titular de la marina
El vicealmirante Farías Laguna responsabiliza personalmente al titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por el bloqueo deliberado de información esencial para la defensa legal que ya ha sido requerida por la Fiscalía General de la República. Esta maniobra de ocultamiento administrativo y militar busca, según el mando naval, impedir que la documentación técnica revele la identidad de los verdaderos responsables de la operación ilícita, quienes actualmente ocupan posiciones estratégicas dentro de las Secretarías de Estado y el Senado de la República mientras otros sectores del partido oficialista preparan nuevas candidaturas.
El desmantelamiento de la farsa procesal
La estrategia defensiva del vicealmirante sostiene que su captura y la de su hermano Fernando Farías Laguna, ejecutada en septiembre del año pasado, constituye un montaje diseñado para utilizar a funcionarios navales como chivos expiatorios ante una opinión pública que exige resultados contra el crimen organizado. El señalamiento apunta a una estructura interna que habría operado la Secretaría de Marina bajo esquemas equiparables a una organización criminal, utilizando los recursos y el nombre de la institución para proteger a los autores intelectuales del contrabando de combustible, el cual era etiquetado fraudulentamente como aditivo o lubricante para evadir impuestos.
La crisis de justicia en el penal del altiplano
Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna permanece bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, recinto al que recientemente fue trasladado su hermano Fernando tras su extradición desde Argentina. La defensa jurídica, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, insiste en que el incumplimiento de los mandamientos judiciales por parte de la Marina no es un error burocrático sino una política de Estado orientada a proteger a personajes vinculados con figuras como Andrés López Beltrán y Adán Augusto López. Ante el cuestionamiento público sobre estas omisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha derivado la responsabilidad de explicación hacia la Fiscalía General de la República sin emitir una postura que garantice la transparencia procesal en un caso que exhibe la profunda corrupción institucional del régimen.
(Con información de Proceso)
