El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas determinó que los países poseen una obligación jurídica vigente para considerar reparaciones por la trata transatlántica de esclavos, fundamentando este requerimiento en los efectos persistentes de la discriminación racial actual y no en la normativa histórica.
Obligaciones jurídicas bajo el marco de 1965
La directriz de la organización internacional se sustenta exclusivamente en la convención sobre discriminación racial de 1965, estableciendo un cambio de paradigma legal que desactiva el argumento del principio de intertemporalidad utilizado históricamente por las naciones para evadir responsabilidades en tribunales internacionales.
Este nuevo criterio técnico obliga a los Estados Partes a gestionar medidas de reparación integrales que trascienden el análisis de la legalidad de los actos cometidos entre los siglos XV y XIX, centrando el peso del cumplimiento en la obligación actual de mitigar las desigualdades estructurales que aún afectan a las personas de ascendencia africana tras el desplazamiento forzoso de 12.5 millones de seres humanos.
Medidas transformadoras frente al legado histórico
La postura del comité descarta que la compensación económica constituya por sí sola una solución suficiente para cubrir el daño institucionalizado, exigiendo a los países la implementación de acciones transformadoras de largo alcance que incluyen la apertura total de archivos gubernamentales y la revisión crítica de la memoria colectiva reflejada en monumentos públicos.
La participación de expertos como Pela Boker-Wilson subraya la necesidad de transitar de las expresiones diplomáticas de pesar hacia la adopción de medidas concretas, instando a las naciones a revisar sus marcos legales y políticas públicas para reafirmar la dignidad de los colectivos cuyo sufrimiento histórico fue minimizado u olvidado por los órganos de poder internacional.
(Con información de Reuters)
