El vicecoordinador de Morena en la cámara alta propone erradicar el fuero constitucional para legisladores y titulares de los poderes ejecutivos estatales con el fin de frenar la impunidad, intentando rescatar la credibilidad ante un electorado decepcionado.
La maniobra política ante el caso Inzunza
La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar surge como una respuesta táctica tras la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena, quien al declararse senador independiente mantiene su protección constitucional. El movimiento pretende mitigar el desgaste de imagen que sufre el partido gobernante ante una ciudadanía crítica que observa cómo la figura del fuero se utiliza como un mecanismo de evasión de la justicia. La propuesta intenta desviar la atención sobre la ineficacia del régimen en materia de rendición de cuentas.
La persistencia de una promesa legislativa incumplida
El legislador morenista retoma una propuesta presentada en marzo del año anterior, la cual fue ignorada por sus propios compañeros de bancada durante la legislatura previa. La insistencia actual revela la urgencia de Ramírez Cuéllar por capitalizar un discurso contra los privilegios, reconociendo que el costo político de sostener estos sistemas de protección es insostenible frente a los procesos electorales de junio de 2027. La narrativa oficial se enfoca en la necesidad de equiparar a los servidores públicos con cualquier ciudadano común bajo el rigor del derecho penal.
Desmantelamiento de los mecanismos de impunidad
El proyecto de reforma contempla una transformación integral que incluye el juicio político como herramienta de control frente a las mayorías legislativas que históricamente han bloqueado las declaraciones de procedencia. Ramírez Cuéllar argumenta que la supresión de estas protecciones no vulnera el debido proceso ni la presunción de inocencia, sino que traslada la resolución de acusaciones al ámbito de las autoridades judiciales ordinarias. Esta estrategia busca eliminar la discrecionalidad política que ha caracterizado al oficialismo al momento de juzgar a los miembros de su propia clase gobernante.
(Con información de Apro)
