La administración de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma constitucional para prohibir que ciudadanos con doble nacionalidad ocupen la presidencia o jefaturas de gobierno estatales, bajo el pretexto de evitar injerencias extranjeras y garantizar que el interés nacional prevalezca sobre lealtades foráneas.
El fondo político de la propuesta presidencial
El gobierno federal argumenta que la redacción vigente en la Constitución genera vacíos interpretativos que permiten a personas con doble ciudadanía acceder a posiciones de poder clave. La presidenta sostiene que esta medida busca blindar la soberanía del Estado mexicano, exigiendo la renuncia formal a cualquier otra nacionalidad antes de que los interesados soliciten su registro como candidatos ante las autoridades electorales.
Modificaciones constitucionales y sanciones
La iniciativa contempla ajustes específicos en los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna, los cuales definen los requisitos para ser presidente, gobernador o jefe de Gobierno. El texto propuesto impone una prohibición tajante contra la adquisición de otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, así como el uso de documentos de identidad extranjeros o la invocación de protección diplomática de terceros países. Cualquier contravención a estos preceptos activará los mecanismos de sanción previstos en el Título Cuarto de la Constitución.
Operación legislativa y alcances técnicos
El diseño de esta reforma fue ejecutado en un periodo de apenas dos días bajo la supervisión de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y el coordinador de política y gobierno, Arturo Zaldívar. El plan gubernamental incluye reformas complementarias a la Ley de Nacionalidad, cuyo objetivo es reglamentar los procedimientos administrativos para la renuncia formal a segundas ciudadanías, estableciendo un protocolo de verificación ante el Instituto Nacional Electoral previo a la formalización de las candidaturas.
(Con información de Apro)
