La gestión de riesgos en México enfrenta un panorama de insolvencia operativa tras registrarse pérdidas económicas superiores a 710,000 millones de pesos entre el 2000 y el 2024. Este flujo de capital perdido, resultado directo de daños en infraestructura, vivienda y sectores productivos, evidencia la incapacidad estructural del Estado para anticipar y mitigar el impacto de fenómenos naturales.
La cronología del quebranto financiero y la negligencia gubernamental
Las cifras reportadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres ratifican que los años 2010, 2017 y 2023 representaron los periodos de mayor devastación económica. En el 2010, el impacto alcanzó los 92,372 millones de pesos, motivado por el huracán Alex y el sismo en Mexicali. Posteriormente, en el 2017, la cifra se situó en 88,440 millones de pesos a causa de los sismos de septiembre. Para el 2023, los daños llegaron a 89,910 millones de pesos, una cifra marcada profundamente por la inacción en la prevención tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, admite que estos resultados son consecuencia de decisiones territoriales acumuladas y condiciones de vulnerabilidad que el régimen ha sido incapaz de corregir, ignorando normas básicas de construcción y mantenimiento preventivo.
La responsabilidad institucional y el mito de la prevención
El marco legal vigente, que tipifica como delito grave la construcción al margen de los Atlas de Riesgo nacionales, estatales y municipales, parece ser letra muerta ante la improvisación política. La construcción de infraestructura sin planeación técnica ni observancia de los mapas de peligro ha escalado el riesgo en lugar de reducirlo. La retórica oficial sobre la resiliencia choca con la realidad del mantenimiento deficiente y la carencia de una cultura de inspección. Resulta imperativo señalar que, si bien la Ley General de Protección Civil establece sanciones, el cumplimiento de estas disposiciones es inexistente en la práctica administrativa actual, dejando al país expuesto a crisis recurrentes.
El modelo de financiamiento como barrera ante la resiliencia
El Colegio de Ingenieros Civiles de México advierte que la infraestructura nacional carece de un esquema de financiamiento sostenible para su conservación y renovación. Jesús Campos López, presidente del XLI Consejo Directivo del organismo, expone que ningún sistema, independientemente de su diseño técnico, puede sobrevivir sin recursos destinados a su reposición y mantenimiento preventivo. La política de mantener tarifas artificialmente bajas, por debajo del costo real de conservación, solo ha logrado elevar la vulnerabilidad de las obras al retrasar de manera crítica las labores de mantenimiento. Esta estrategia populista de gestión financiera, que sacrifica la integridad de las estructuras por mantener controles políticos sobre los costos, coloca a la infraestructura del país al borde de una falla sistémica permanente.
(Con información de El Economista)
