La cúpula del Partido Acción Nacional en el Senado ha formalizado una exigencia contundente para que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sea procesado penalmente y entregado a las autoridades judiciales de Estados Unidos ante los señalamientos de sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El colapso del orden constitucional en Sinaloa
La petición de Ricardo Anaya se fundamenta en la premisa de que las instituciones estatales han perdido su legitimidad al estar cooptadas por estructuras delictivas, lo que hace imperativa la desaparición de poderes en la entidad. El legislador sostiene que la reciente solicitud de licencia presentada por Rocha Moya es una medida cosmética e insuficiente ante la gravedad de las acusaciones emitidas por un gran jurado estadounidense, el cual ha solicitado formalmente su detención con fines de extradición bajo cargos de narcotráfico. La postura del panismo enfatiza que la presencia del mandatario en el Ejecutivo estatal ha sido el punto de quiebre para el Estado de derecho, debido a la existencia de una orden de aprehensión girada por una jueza federal que debe ejecutarse sin dilación.
Evidencia crítica y el desmantelamiento de Morena
El historial reciente del estado, marcado por episodios de violencia política y vulnerabilidad democrática, constituye para la oposición la prueba fehaciente de que el tejido social y gubernamental en Sinaloa requiere una intervención inmediata. Ricardo Anaya señala el homicidio de Héctor Melesio Cuén, las coacciones sufridas por figuras como la diputada Paola Gárate y el patrón delictivo detectado en la jornada electoral de Badiraguato como elementos que ratifican la infiltración criminal en la administración pública local. Esta crisis institucional se extiende, a ojos del senador, hacia el Congreso y el Poder Judicial de Sinaloa, órganos que han sido señalados por su origen viciado y su nula independencia frente a intereses ajenos a la legalidad.
La pérdida de la brújula moral en el oficialismo
La descomposición política que atraviesa el partido en el poder trasciende el caso sinaloense y se manifiesta como una crisis de integridad sistémica que afecta a diversos niveles de gobierno y a la cúpula partidista. Ricardo Anaya argumenta que el comportamiento de diversos actores de Morena, evidenciado por el retiro de visas, los acuerdos de naturaleza cuestionable y los escándalos de gestión pública que involucran a figuras de diversas entidades federativas, refleja un agotamiento de los valores éticos que prometieron en su plataforma. La insistencia en la desaparición de poderes no solo busca sanear la situación en Sinaloa, sino establecer un precedente contra la impunidad que, según la bancada panista, se ha convertido en el sello distintivo de la administración morenista en el país.
(Con información de Apro)
