El informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana expone el hallazgo de 5 mil 152 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, periodo en el cual el 64% de los eventos ocurrió durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, evidenciando un deterioro progresivo en la crisis de desapariciones.
La expansión del fenómeno bajo la gestión de la 4T
El documento académico titulado “Trazar la ausencia, caminar la esperanza” señala que, tras la implementación de políticas de seguridad continuadas y el despliegue de una Guardia Nacional militarizada, el hallazgo de entierros clandestinos alcanzó su punto máximo con 3 mil 292 casos registrados en el último sexenio. Las entidades con mayor incidencia durante este periodo fueron Sonora, con 361 hallazgos, Guanajuato, con 283, y Colima, con 217.
Contradicciones entre cifras oficiales y registros periodísticos
Existe una disparidad crítica del 46% entre los datos reportados por las 32 fiscalías estatales junto a la Fiscalía General de la República y la información documentada por medios de comunicación. Mientras el aparato gubernamental sostiene un registro de 5 mil 152 fosas con 5 mil 718 cuerpos, la prensa ha contabilizado 3 mil 516 fosas y 8 mil 341 personas localizadas, lo que sugiere una brecha de al menos mil 600 cuerpos no contabilizados en las estadísticas institucionales del régimen.
Geografía del horror y nuevos escenarios de inhumación
La investigación identifica que la problemática ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de zonas remotas o brechas geográficas. Actualmente, la inhumación clandestina se materializa con frecuencia creciente en inmuebles de particulares, ranchos, fincas, barrancas y pozos de agua, lo que las investigadoras Andrea Horcasitas y Mariana Marchand vinculan directamente con un entorno de impunidad sistemática. Los municipios de Acapulco, Tecomán, Hermosillo, Veracruz y Ciudad Juárez concentran el 19% de los hallazgos nacionales, evidenciando la ineficacia de la estrategia de seguridad pública.
El factor de la impunidad y el abandono estatal
La falta de una respuesta gubernamental ante la crisis es evidente al contrastar las 135 mil personas desaparecidas con el exiguo número de 4 mil carpetas de investigación reconocidas por el Poder Ejecutivo. Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayaron que la diversificación de los espacios de inhumación refleja una negligencia deliberada por parte de las autoridades, cuya omisión permite que el ciclo de desapariciones se perpetúe sin consecuencias legales para los perpetradores.
(Con información de Apro)
