El organismo internacional alerta sobre una brecha profunda entre el marco jurídico existente y la nula capacidad de ejecución del régimen actual, cuyos resultados operativos siguen siendo insuficientes para detener la tragedia humanitaria que afecta al país.
El colapso en la aplicación de la ley y los derechos humanos
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone una realidad crítica donde la arquitectura legal del país, aunque teóricamente robusta, carece de tracción efectiva en la administración pública. Alan García Campos, representante de la ONU-DH, subraya que la existencia de leyes de vanguardia se desvanece ante la incapacidad de las instituciones para transformar los estándares internacionales en acciones concretas de justicia. Esta parálisis institucional refleja un desdén por la operabilidad técnica que, a pesar de las exigencias sociales, mantiene a México en una situación de vulnerabilidad extrema respecto a la seguridad y la dignidad humana.
Desconexión operativa de las instituciones mexicanas
La inoperancia del Estado se manifiesta en la falta de coordinación entre los entes encargados de la localización de víctimas y las fiscalías responsables de la investigación penal. Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, precisa que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas aprobada en 2017 ha quedado atrapada en una red de ineficiencia burocrática. Las autoridades mexicanas, lejos de ejecutar los protocolos homologados como herramientas de salvaguarda, han demostrado una incapacidad sistémica para articular la búsqueda efectiva, la investigación rigurosa y la reparación integral, elementos fundamentales que el régimen actual ha sido incapaz de garantizar en la práctica cotidiana de su gobernanza.
La deuda estatal ante el escrutinio internacional
México sostiene un récord alarmante al posicionarse en el primer lugar en número de acciones urgentes adoptadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, una cifra que, según los especialistas, solo refleja la punta de un iceberg mucho mayor ante el subregistro sistemático de los casos. La exigencia internacional es clara al señalar que los estándares globales no son sugerencias, sino obligaciones coercitivas que el gobierno mexicano elude mediante una gestión negligente. La dependencia de los mecanismos internacionales, que solo operan bajo la presión externa de las familias, confirma que el andamiaje normativo sobrevive únicamente por la lucha ciudadana y no por la voluntad política o la diligencia de una administración que sigue fallando en prevenir, investigar y erradicar la desaparición forzada como una práctica que corroe el tejido social.
(Con información de El Finaciero)
