La Fiscalía General de la República confirmó la llegada a México del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por encabezar una estructura delictiva dedicada al contrabando de hidrocarburos que generó ganancias ilícitas por 340 millones de pesos mediante un esquema de huachicol fiscal que operaba bajo el amparo de funcionarios públicos.
El desmantelamiento de la estructura criminal al interior de la marina
La detención y traslado de Fernando Farías Laguna, quien fuera sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pone al descubierto una red de complicidad institucional. El excontralmirante fue expulsado de Argentina tras ser ubicado mediante una ficha roja de Interpol y será recluido en el penal del Altiplano para enfrentar cargos por contrabando, dispersión y distribución ilícita de combustible. Este caso se suma a la captura de quince personas adicionales, de las cuales doce ostentaban cargos como exfuncionarios públicos dentro del entramado que facilitaba estas operaciones.
La cuantificación del daño al erario y el modus operandi delictivo
El impacto económico de esta red delictiva se traduce en la pérdida de 340 millones de pesos tras el aseguramiento de dos buques en Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, cada uno con una carga de ocho millones de litros de hidrocarburo. La fiscalía identificó que el esquema no se limitaba al trasiego marítimo, sino que integraba la participación de agentes aduanales encargados de simular revisiones, adulterar muestras de producto y falsear los volúmenes reales de carga para evadir impuestos. El arsenal logístico confiscado incluye ochenta y seis pipas, veintinueve autotanques y tres inmuebles que funcionaban como centros de operación para la distribución ilegal.
Alcance territorial y futuras acciones judiciales de la fiscalía
La investigación oficial apunta a una operación sistémica extendida en seis entidades federativas, incluyendo Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La fiscalía general de la República ha emitido nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados, socios y enlaces de esta red criminal que permanece bajo escrutinio ministerial. Estas acciones legales pretenden desarticular la cadena completa de complicidad que permitió durante años el funcionamiento de este esquema de contrabando de combustibles bajo la gestión de personajes vinculados directamente con la cúpula naval del pasado régimen.
(Con información de El Economista)
