Los pescadores artesanales en la provincia de Manabí enfrentan una disyuntiva extrema al ser extorsionados por cárteles para traficar droga o arriesgar su vida ante bombardeos y operativos militares estadounidenses en alta mar.
El control de los cárteles en los puertos de Manabí
Los puertos de la provincia de Manabí operan bajo la presión directa de organizaciones criminales que dominan la región costera.
Los cárteles de Los Choneros y Los Lobos expandieron su presencia en las zonas costeras mediante el reclutamiento forzado y la extorsión a los pescadores locales aprovechando su destreza en la navegación. Las agrupaciones delictivas exigen tarifas de 1,200 dólares por viaje de pesca a los habitantes de la zona o amenazan con represalias violentas contra las familias de los trabajadores. Los pescadores reciben ofertas de hasta 40,000 dólares por viaje si deciden transportar cocaína en sus embarcaciones artesanales. Los grupos criminales locales mantienen vínculos directos con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, según los reportes de funcionarios antinarcóticos y la policía provincial. La Policía de Ecuador confirmó que numerosos pescadores participan en estas actividades obligados por la presión criminal y quedan expuestos tanto a la acción de las autoridades como a las represalias de los grupos delictivos. La corporación policial estima que unos 300 residentes de Jaramijó terminaron encarcelados en prisiones de Estados Unidos y El Salvador por delitos de narcotráfico durante los últimos cinco años.
Operativos militares de Estados Unidos en aguas del pacífico
Las operaciones militares internacionales contra el narcotráfico impactan de forma directa en las rutas de la pesca artesanal ecuatoriana.
El ejército estadounidense destruyó 67 embarcaciones y causó la muerte de más de 220 personas desde septiembre del año pasado bajo la operación Southern Spear. Washington asumió la responsabilidad de esas incursiones mientras que diversos ataques similares contra embarcaciones pesqueras de Manabí no han sido reivindicados oficialmente. El periódico The Washington Post informó que los barcos habrían sido blanco de un programa encubierto de la CIA en el océano Pacífico. Tripulaciones como la del barco Negra Francisca Duarte II sufrieron ataques con drones en alta mar que incendiaron las embarcaciones y obligaron a los sobrevivientes a lanzarse al agua. Los pescadores afectados denunciaron haber sido intervenidos posteriormente por hombres armados angloparlantes con uniformes militares que los encapucharon y maniataron. Los sobrevivientes fueron trasladados a un buque de la Armada de El Salvador que los llevó a territorio centroamericano para recibir atención médica y gestionar su repatriación en vuelos comerciales. Un ataque idéntico ocurrió nueve días después contra el barco Don Maca, mientras que al menos ocho pescadores del barco Fiorella continúan desaparecidos desde el mes de enero tras registrarse humo en su última ubicación conocida.
La cooperación internacional y la falta de respuestas oficiales
Los gobiernos involucrados intensifican las acciones conjuntas de intercepción mientras las instituciones evitan dar explicaciones sobre los ataques.
Estados Unidos, Ecuador y El Salvador anunciaron la intensificación de la cooperación marítima en el Pacífico oriental mediante intercambio de inteligencia, vigilancia e intercepciones coordinadas contra los envíos de cocaína. El Departamento de Defensa de Estados Unidos derivó los cuestionamientos al Comando Sur, entidad que declinó hacer comentarios bajo el argumento de seguridad operativa y protección de la fuerza. La oficina de prensa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, omitió responder a las solicitudes de información sobre los incidentes reportados por los pescadores. Las fuerzas armadas ecuatorianas se negaron a emitir postura al señalar que los datos sobre la lucha contra el narcotráfico permanecen bajo la clasificación de seguridad. La Armada de El Salvador tampoco respondió a los cuestionamientos, aunque confirmó en una publicación de redes sociales el rescate de 16 ecuatorianos náufragos. Expertos en seguridad como el exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, señalaron la existencia de pruebas abundantes sobre la responsabilidad del Comando Sur en los ataques debido a la huella militar y a la carencia de tecnología de drones por parte de la Armada ecuatoriana.
El impacto estructural en la economía pesquera local
La ofensiva militar y la violencia criminal transforman las condiciones de subsistencia de las comunidades costeras en el litoral ecuatoriano.
Los pescadores de San Mateo y Jaramijó modifican sus rutinas nocturnas y rutas marítimas para eludir las extorsiones y la violencia en altamar. Testimonios recabados por el Comité Permanente de Derechos Humanos detallan que algunas tripulaciones fueron revisadas por la Guardia Costera de Ecuador horas antes de sufrir bombardeos y no transportaban sustancias ilícitas. Analistas en seguridad apuntan que la estrategia de hundir embarcaciones y atacar lanchas rápidas resulta insuficiente para frenar el flujo de narcóticos. Los cargamentos de mayor volumen continúan su tránsito a través de los grandes puertos comerciales de acuerdo con expertos en crimen organizado de la Universidad de Guayaquil. Los cárteles operan bajo la premisa de que todo el mundo resulta reemplazable dentro de la estructura criminal, por lo que las bajas humanas o detenciones no detienen el tráfico de drogas. Los habitantes de la región continúan expuestos a la pobreza, la extorsión y los ataques armados mientras las autoridades mantienen el enfoque militar en el mar.
(Con información de Reuters)
