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Riesgo de abusos tras compra de guantes eléctricos para agentes del ICE

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La implementación de guantes con descargas eléctricas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos desata una severa controversia política por el potencial uso excesivo de fuerza contra inmigrantes y ciudadanos.

Presupuesto millonario para tecnología de control

El Departamento de Seguridad Nacional proyecta una inversión de entre diez y veinte millones de dólares para adquirir los dispositivos conocidos como GLOVE, fabricados por la empresa Compliant Technologies con sede en Kentucky. Esta herramienta, descrita formalmente por las autoridades como un instrumento de distracción y desescalada, emite descargas de bajo voltaje inferiores a las de una pistola Taser tradicional. La administración justifica la compra como una necesidad operativa para dotar a los agentes de equipo adecuado en su labor de detención y expulsión de personas con antecedentes penales, asegurando que cada adquisición pasa por un proceso de revisión normativa y análisis técnico detallado para cumplir con los estándares de las fuerzas del orden.

Crítica política ante la falta de capacitación

Diversos actores políticos han denunciado la medida por considerar que agrava la cultura de violencia institucional prevaleciente dentro del cuerpo de seguridad. El representante demócrata Maxwell Frost calificó esta dotación como un pertrecho para matones enmascarados, cuestionando la asignación de recursos públicos para incrementar el potencial de dolor en operativos de campo. La preocupación central recae en la carencia de formación adecuada para los nuevos reclutas, quienes ya son señalados por un historial previo de tiroteos mortales, incluyendo incidentes contra ciudadanos estadounidenses que protestaban contra la agencia en Minesota durante el pasado enero.

Riesgos de uso indebido contra civiles

La posibilidad de que los agentes empleen estos dispositivos contra poblaciones vulnerables es el foco del rechazo expresado por figuras como el exdirector interino del ICE, John Sandweg, y la representante Pramila Jayapal. El peligro identificado reside en la facilidad para aplicar descargas eléctricas ante una resistencia mínima, como en el caso de madres durante operativos de separación familiar o personas que no representan una amenaza física real. Esta percepción de abuso sistemático es reforzada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la cual mantiene más de cincuenta demandas activas contra el gobierno federal por agresiones documentadas en diecisiete estados y Washington.

Incremento en la presión migratoria operativa

La dotación de este nuevo equipo coincide con un pico en las actividades de detención efectuadas por la agencia bajo la administración actual. Durante julio, el ICE reportó la captura de más de cincuenta y un mil personas por infracciones migratorias en el territorio nacional, marcando la cifra mensual más elevada desde el inicio de la gestión presidencial en enero de 2025. Este despliegue de fuerza constante y la creciente agresividad en los procedimientos de control subrayan la estrategia de deportaciones masivas que el gobierno estadounidense sostiene como eje central de su política migratoria, situando a la institución bajo una lupa de escrutinio internacional y legal permanente.

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