La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) finalizó anticipadamente su relación contractual con Territorium Life, S.A.P.I de C.V., tras las severas irregularidades detectadas en el proceso de evaluación en línea para el ingreso a licenciatura, las cuales han puesto en duda la transparencia de la institución.
Quiebre contractual sin penalizaciones claras
La administración universitaria optó por la rescisión del vínculo operativo con la empresa sin establecer, hasta el momento, sanciones económicas o multas resarcitorias.
- Finalización anticipada: La institución cortó la relación con Territorium Life, exigiendo la entrega inmediata de las bases de datos, las cuales forman parte del patrimonio universitario.
- Ausencia de multas: Las autoridades universitarias admitieron que no se reclamarán sanciones financieras, pese a las fallas críticas reportadas en la plataforma de evaluación.
- Postura institucional: Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM, descartó la intención de proteger a la empresa, condicionando cualquier acusación a los resultados que arrojen las auditorías externas.
Desglose financiero y costos por aspirante
El despliegue operativo del proceso de selección 2026 involucró un gasto millonario gestionado mediante ingresos extraordinarios, según la versión de la Secretaría Administrativa.
- Condiciones del contrato: Formalizado el 23 de marzo de 2026, el acuerdo contemplaba una atención de entre 154 mil y 385 mil aspirantes.
- Costo unitario: El desembolso por cada postulante se fijó en $227.85 pesos más IVA, alcanzando un valor total de $264.31.
- Pagos ejecutados: A la fecha, la UNAM ha erogado 69 millones 189,760.38 pesos, distribuidos en 41.9 millones para licenciatura y 27.2 millones para aspirantes de bachillerato.
Auditorías como respuesta al colapso del proceso
La institución ha solicitado la intervención de diversos organismos para evaluar la contratación y ejecución del sistema que derivó en la cancelación masiva de exámenes.
- Auditoría tecnológica: Se llevará a cabo en conjunto con la proveedora, designando a una firma externa especializada para auditar el sistema utilizado.
- Intervención de la ASF: El rector Leonardo Lomelí Vanegas requirió formalmente a la Auditoría Superior de la Federación verificar la normatividad y la ejecución del contrato.
- Control interno: La Contraloría de la UNAM realizará una revisión administrativa del proceso de adjudicación y planeación.
Procesos legales y el deslinde de responsabilidades
La crisis por el examen de ingreso no se limita al ámbito administrativo, sino que escala a instancias judiciales debido a la indignación de los aspirantes afectados.
- Denuncias penales: La UNAM ha interpuesto cinco denuncias por fraude ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con una sexta en fase de preparación.
- Cancelaciones discrecionales: La institución sostiene que las anulaciones de exámenes se basan en evidencias y alertas del sistema, desestimando las denuncias de usuarios que reportaron fallas de acceso a la plataforma.
- Conflictividad jurídica: Ante los 10 amparos interpuestos por aspirantes seleccionados contra el examen de control presencial, el abogado general minimizó la efectividad de estos recursos, señalando que la presentación del mismo no asegura una resolución favorable por parte de los juzgados.
