La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, advierte que la iniciativa federal sobre derechos de las audiencias es un instrumento de control gubernamental diseñado para centralizar la información y sancionar a medios bajo el criterio discrecional del Poder Ejecutivo.
El mecanismo de control desde el poder ejecutivo
La comisión propuesta en la reforma operaría bajo la subordinación directa del gobierno federal, otorgando a la presidenta de la República la facultad de designar a sus integrantes.
Esta estructura normativa convierte al Estado en juez y parte dentro de los procesos regulatorios. Las implicaciones directas para los medios de comunicación y la libertad de prensa incluyen:
- Facultades sancionadoras: el gobierno obtendría el poder de imponer multas y aplicar sanciones administrativas.
- Control de concesiones: la operatividad de los medios quedaría sujeta a la interpretación oficial sobre qué constituye información, opinión o desinformación.
- Sesgo ideológico: la distinción de los contenidos informativos sería determinada por una autoridad vinculada políticamente al partido en el poder.
La narrativa de confrontación como eje de gobierno
La mandataria estatal vincula este proyecto legislativo con el clima de polarización política que ha caracterizado a las administraciones emanadas de Morena.
Campos contrapone el discurso oficial de “protección a las audiencias” con la realidad del ejercicio gubernamental. La crítica se sustenta en tres ejes fundamentales:
- Inexistencia de réplica: el cuestionamiento a la falta de mecanismos para ejercer el derecho de réplica frente a los señalamientos emitidos en las conferencias matutinas presidenciales.
- Fallos en la gestión pública: el señalamiento directo a la permanencia de gobernadores morenistas cuestionados y la falta de resultados en la estrategia de seguridad nacional.
- Fricción internacional: la preocupación por el impacto en la relación con Estados Unidos, específicamente tras las revisiones del T-MEC y las investigaciones abiertas en territorio estadounidense contra funcionarios mexicanos.
Riesgo para la democracia y el periodismo
La gobernadora subraya que el Estado debe priorizar la protección a la labor periodística en lugar de endurecer las restricciones sobre los contenidos informativos.
En un entorno donde la actividad periodística enfrenta riesgos constantes en México, la propuesta es calificada por la administración estatal como un retroceso. Los puntos de inflexión planteados por Campos son:
- La defensa del estado de derecho: la exhortación a la ciudadanía para frenar lo que denomina un proyecto autoritario.
- La desprotección de las audiencias: el argumento central de que la reforma no salvaguarda los derechos de los ciudadanos, sino que consolida un sistema de blindaje para el Gobierno frente al escrutinio público.
- El llamado a la acción: la urgencia de defender la libertad de prensa como pilar innegociable frente a la centralización del poder informativo.
