La administración de Nuevo México inició un litigio contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos para forzar la entrega de expedientes sin censura sobre Jeffrey Epstein, acusando a la agencia de obstaculizar activamente la investigación estatal en curso.
La confrontación judicial entre Nuevo México y Washington
El estado busca desclasificar documentos protegidos para identificar a cómplices y visitantes del rancho Zorro que participaron en delitos sexuales.
La demanda interpuesta ante la corte de distrito para el Distrito de Columbia exige que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, libere el material íntegro. El gobierno estatal sostiene que la negativa federal para facilitar los archivos no solo paraliza las diligencias locales, sino que profundiza el daño causado a las víctimas. La tensión política escala debido a las implicaciones que el caso tiene para el gobierno de Donald Trump, cuya gestión de la información ha sido cuestionada tras el hallazgo de nexos de otras figuras públicas con el fallecido delincuente sexual.
Argumentos del departamento de justicia y el bloqueo federal
La instancia federal justifica la opacidad mediante la Ley de Transparencia y órdenes judiciales que protegen la identidad de las víctimas.
Las autoridades federales han emitido las siguientes posturas respecto a su negativa:
- Protección de privacidad: El Departamento de Justicia insiste en que no está facultado para revelar información que permita identificar a las personas afectadas por los crímenes.
- Carencia de fundamento: Un portavoz oficial declaró que Nuevo México no ha presentado el sustento jurídico necesario para exigir una divulgación de tal magnitud.
- Cumplimiento parcial: La agencia asegura haber entregado parte de los registros, desestimando las acusaciones de obstrucción deliberada planteadas por el gobierno demócrata de Nuevo México.
Implicaciones de la investigación estatal
El alcance de esta pesquisa podría trascender las fronteras estadounidenses si logra procesar a los responsables de los abusos cometidos en suelo estatal.
Desde la reapertura del caso en febrero de 2026, el objetivo central ha sido esclarecer la red de complicidades en el rancho Zorro. La judicialización de este conflicto evidencia la fractura en la cooperación entre niveles de gobierno y coloca la transparencia sobre la red de Epstein como un eje de fricción política mayor. El resultado de este litigio determinará si la justicia estatal logra romper el hermetismo impuesto por el Departamento de Justicia federal, permitiendo el procesamiento de individuos que, hasta ahora, han permanecido bajo el blindaje de la censura oficial.
