Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) refutan las acusaciones de la directora de Canal Once, Renata Turrent, sobre daños a la videoteca, calificando los señalamientos como un montaje orquestado por el aparato institucional para criminalizar su movimiento.
El desmentido sobre el daño a la videoteca
El alumno parista Yei Kóatl rechaza cualquier responsabilidad en los presuntos daños a la videoteca de Canal Once y denuncia irregularidades durante la recuperación de las instalaciones.
- Limitación de acceso: Los estudiantes afirman haber ocupado exclusivamente áreas de tránsito y servicios básicos como el estacionamiento, la cocina y sanitarios.
- Inexistencia de control: El alumnado sostiene desconocer la ubicación física del acervo videográfico dentro del complejo televisivo.
- Denuncia de montaje: Kóatl sostiene que el supuesto destrozo del material informativo es una construcción mediática para justificar acciones legales contra los manifestantes.
Coacción laboral y grupos de choque
El testimonio estudiantil revela presuntas tácticas intimidatorias empleadas por las autoridades de Canal Once contra su propia base trabajadora tras el desalojo.
- Testimonios forzados: Estudiantes reportan mensajes de empleados del canal obligados a declarar que los alumnos sustrajeron pertenencias.
- Instrucciones externas: Los trabajadores habrían sido citados en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para ser advertidos sobre la contratación de grupos de choque.
- Neutralización de personal: La directiva del canal habría ordenado a los trabajadores no intervenir, delegando el control físico de las instalaciones a sujetos ajenos a la institución.
Irregularidades en el desalojo y el papel de la fuerza pública
El relato estudiantil contradice la narrativa de una “entrega pacífica” difundida por las autoridades, exponiendo una gestión opaca y coercitiva del espacio público.
- Obstrucción de inventario: Los paristas denuncian que se les impidió realizar un recorrido conjunto para verificar el estado real de los bienes al momento del desalojo.
- Presencia policial: Se documentó la presencia de elementos policiales quitando sellos de seguridad instalados por los alumnos para acceder a cajeros y servicios.
- Sabotaje logístico: La interrupción recurrente de servicios básicos, como agua y electricidad, fue una constante durante el periodo de ocupación estudiantil.
Respuesta ante las amenazas del ejecutivo federal
Los estudiantes desestiman las advertencias emitidas desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, señalando una falta de sustento en las denuncias penales anunciadas.
- Desafío a la fiscalía: Kóatl cuestiona la falta de destinatarios claros en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Autofinanciamiento: Los alumnos rechazan las acusaciones de financiamiento externo, aclarando que el sostenimiento del paro proviene de la comunidad, egresados y familias.
- El video como artificio: La grabación presentada en la conferencia matutina sobre la entrega de dinero es calificada por los estudiantes como un montaje coordinado con secretarios de estado presentes en el sitio.
