La presidenta Keiko Fujimori formalizó la militarización de las calles y el sistema de transporte peruano, estableciendo la intervención de las Fuerzas Armadas como medida central para contener la crisis de inseguridad que afecta a la nación.
Despliegue de fuerzas armadas en el espacio público
El operativo militar responde a una estrategia de choque para reforzar las labores de control policial ante la ola delictiva.
El Ejecutivo peruano confirmó que la presencia de efectivos militares se extenderá próximamente a las arterias viales y la red de transporte público. Esta maniobra cumple con una de las directrices electorales presentadas por Fujimori, cuya gestión busca estabilizar el orden interno tras llegar a la presidencia en su cuarto intento. La decisión, validada recientemente durante una reunión de gabinete, marca un giro en la política de seguridad nacional, trasladando la responsabilidad del control territorial hacia las fuerzas castrenses.
Intervención militar en el sistema penitenciario
La estrategia de seguridad abarca el control directo de los centros reclusorios mediante personal militar.
Más allá del patrullaje urbano, los militares asumirán tareas de vigilancia en los penales del país. Este despliegue busca neutralizar la actividad criminal dentro del sistema penitenciario, sector identificado por el actual Gobierno como un foco de inestabilidad. La medida es ejecutada bajo el argumento de reforzar la seguridad pública, integrando a los militares en la gestión operativa de los centros de reclusión.
Agenda gubernamental: reconstrucción y contingencia
La administración de Fujimori prioriza la atención a desastres naturales y la estabilización regional.
Junto a la política de seguridad, el Gobierno sostiene dos ejes operativos adicionales:
- Junín: compromiso de reconstrucción tras el terremoto registrado a mediados de julio.
- Fenómeno de El Niño: activación de un plan de contingencia ante los riesgos climáticos inminentes.
- Seguridad ciudadana: consolidación de la lucha contra el crimen como prioridad absoluta de la gestión presidencial.
