La administración federal limita la aplicación de sanciones a concesionarios de radio y televisión exclusivamente a la omisión en el nombramiento de defensores de las audiencias, descartando, bajo su versión, el castigo por contenidos periodísticos o líneas editoriales.
La redefinición del esquema sancionatorio oficial
El gobierno federal circunscribe el riesgo de multas a un proceso administrativo de designación, evitando aclarar los criterios técnicos de evaluación para el desempeño de los defensores de audiencias.
Claudia Sheinbaum sostuvo que el marco regulatorio vigente, actualmente bajo consulta pública, no busca la censura de contenidos ni la persecución de periodistas. Pese a estas declaraciones, la falta de precisión sobre los mecanismos de supervisión genera incertidumbre en el sector:
- Sanción única: La multa se aplicaría estrictamente si el medio de comunicación omite la designación del defensor de audiencias.
- Exclusión de contenidos: La mandataria deslindó al Ejecutivo de cualquier intención de penalizar el ejercicio periodístico o las líneas editoriales de las estaciones.
- Indefinición técnica: No se especificó si la responsabilidad y la carga económica de una eventual multa recaerían sobre la empresa concesionaria o sobre el defensor designado.
Instrucciones a la consejería jurídica frente a la CIRT
La presidenta delegó en Luisa María Alcalde la apertura de canales de diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ante el descontento gremial.
Este acercamiento se produce días después de que la titular del Ejecutivo cuestionara públicamente a la CIRT por la aprobación de lineamientos en esta materia, sin clarificar las razones detrás de dicha postura ni los motivos del cambio de tono gubernamental. La interlocución con los actores del sector se mantiene como una variable crítica mientras la consulta pública sobre esta regulación sigue su curso en Palacio Nacional.
