El Segundo Tribunal Colegiado de Tamaulipas invalidó el amparo que permitía al exgobernador recuperar el acceso a sus activos financieros, dictaminando que la vigencia del bloqueo bancario está supeditada al avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Reversa judicial contra el exmandatario tamaulipeco
La resolución unánime del órgano colegiado anula la sentencia emitida el 7 de junio de 2023 por el juzgado octavo de distrito.
El fallo original, dictado por el juez Rodolfo de León Sánchez, ordenaba liberar 11 cuentas bancarias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las cuales permanecían aseguradas desde mayo de 2022. La justificación técnica del juzgador inicial se centró en un criterio temporal:
- Plazo vencido: El juez de distrito argumentó que los 180 días solicitados originalmente por la FGR para el bloqueo habían expirado.
- Derechos fundamentales: La sentencia de 2023 sostenía que la permanencia del aseguramiento vulneraba la legalidad y certeza jurídica estipuladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
- Ausencia de justificación: Se alegó que, ante la falta de elementos adicionales, el perjuicio patrimonial contra el quejoso carecía de sustento legal.
La postura de la fiscalía ante el tribunal colegiado
La FGR interpuso un recurso de revisión para impugnar la liberación de activos al considerar que el criterio del juez octavo ignoraba la naturaleza de la investigación penal.
El Segundo Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que el aseguramiento financiero no puede limitarse a un plazo arbitrario si la investigación por delincuencia organizada sigue su curso. La determinación judicial establece un precedente crítico:
- Vinculación temporal: El tiempo de retención de los instrumentos financieros debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de la indagatoria.
- Revocación total: La nueva sentencia anula el amparo y protección de la justicia federal que se había concedido anteriormente al exmandatario.
- Contexto de investigación: La medida precautoria se mantiene vigente en tanto subsistan las diligencias que la FGR realiza contra el exgobernador por probables delitos de delincuencia organizada.
Este fallo traslada la carga de la legalidad hacia la continuación de los procesos de investigación, rechazando la liberación automática por el simple transcurso de los 180 días inicialmente planteados por la autoridad ministerial.
