La implementación de los lineamientos sobre derechos de las audiencias en México plantea un debate técnico sobre la eficacia de la corregulación, contrastando la figura del defensor de audiencias con los modelos de control estatal observados en regímenes autoritarios de la región.
El modelo mexicano de corregulación y sus alcances institucionales
La corregulación busca proteger a las audiencias mediante la figura del defensor, operando sin censura previa y bajo el principio de responsabilidad ulterior.
La doctora Adriana Solórzano, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, define este esquema como un ejercicio democrático derivado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. El proceso actual de consulta pública permite que la ciudadanía valide los estándares de operación de los medios sin que esto otorgue facultades de revisión de contenidos antes de su difusión. Según la especialista, el mecanismo atiende quejas específicas centradas en:
- Protección de la niñez: Vigilancia del manejo de contenidos infantiles.
- Perspectiva de género: Garantía de una representación digna y equitativa.
- Discriminación: Aseguramiento de información plural libre de sesgos.
Limitaciones operativas y percepción ciudadana
El sistema enfrenta desafíos estructurales que cuestionan la relevancia práctica del defensor de las audiencias ante la falta de participación institucional.
La eficacia del modelo se ve comprometida por el desinterés ciudadano en los cauces oficiales, optando por la queja externa. Además, existe una tensión latente respecto a la capacidad de sanción de los defensores, quienes carecen de facultades coercitivas al no pertenecer a la carrera judicial. La especialista subraya que esta limitación es necesaria para salvaguardar la libertad de expresión, evitando que la figura se convierta en un instrumento de sobrepoder o control punitivo sobre las empresas de radiodifusión.
El espejo venezolano: la ley resorte como mecanismo de control
El análisis del entorno mediático en Venezuela bajo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) expone las consecuencias del intervencionismo estatal.
Desde 2004, dicho marco legal consolidó un sistema de censura bajo la premisa de proteger a la infancia y promover la cultura. El uso de la normativa resultó en la persecución directa de periodistas y empresarios mediante sanciones económicas extremas, alcanzando hasta el 10% de los ingresos brutos anuales de los medios. Santiago Martínez, periodista especializado, destaca las tácticas de acorralamiento implementadas:
- Sanciones económicas: Multas desproporcionadas que forzaron la autocensura.
- Cierres de concesiones: Eliminación de espacios críticos como Radio Caracas Televisión en 2007.
- Control de insumos: Restricción de acceso a papel periódico para asfixiar la prensa escrita.
- Distorsión informativa: Imposición de un equilibrio artificial donde la crítica debía compensarse con propaganda gubernamental.
La extensión de estas restricciones al entorno digital en 2010 marcó la fase final del control sobre la opinión pública, ilustrando el riesgo que implica cualquier regulación que subordine la libertad editorial al poder político o partidista.
