El ejido El Bajío en Sonora enfrenta un nuevo intento de despojo violento mediante una incursión armada que involucra a células delictivas y operadores vinculados a la minera Fresnillo PLC, con señalamientos directos hacia el senador Napoleón Gómez Urrutia.
La incursión armada en tierras sonorenses
Un grupo de sujetos armados, identificados como operadores de una célula delictiva local, intentó irrumpir en el ejido El Bajío bajo el argumento de representar intereses mineros y políticos.
El pasado viernes 17 de julio de 2026, un convoy compuesto por seis camionetas ingresó de forma irregular al territorio ejidal. Los sujetos, que se ostentaron como enviados del empresario Samuel Fraijo Flores y del senador y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, pretendían ejecutar un desalojo que carece de sustento legal. La movilización incluyó la presencia de trabajadores de la minera y el acompañamiento de patrullas municipales de Caborca, lo que los ejidatarios calificaron como una embestida coordinada para reactivar la extracción de oro de forma ilícita.
El rastro de Napoleón Gómez Urrutia y la minera fresnillo
Los ejidatarios mantienen una disputa legal histórica con Fresnillo PLC, empresa que fue expulsada del territorio en 2013 por órdenes del Tribunal Unitario Agrario número 28 tras acreditarse irregularidades en la ocupación.
- Sentencia pendiente: Fresnillo PLC mantiene amparos vigentes para evadir el pago de más de 13 mil millones de pesos dictaminado como compensación a los ejidatarios.
- Vínculos denunciados: Sergio García Camacho, representante legal de los afectados, señaló que Samuel Fraijo Flores presuntamente invocó acuerdos realizados en la Ciudad de México con Gómez Urrutia para justificar la irrupción.
- Antecedentes de corrupción: En 2020, Alejandro Gómez, hijo del senador, fue señalado por intentar sobornar a los propietarios de la tierra para obtener el control del ejido.
Un historial de violencia y desprotección estatal
El conflicto por las tierras de Caborca se ha caracterizado por un patrón sistemático de agresiones, secuestros y homicidios contra quienes defienden la propiedad ejidal frente a los intereses mineros.
La resistencia del ejido El Bajío ha dejado un saldo trágico previo, incluyendo el asesinato de dos personas durante un intento de ingreso armado en febrero de 2018. El equipo legal de los ejidatarios denunció encontrarse en estado de “alerta roja” permanente ante el riesgo inminente de nuevos homicidios y desapariciones. La demanda de los afectados es la materialización de la justicia, denunciando que las sentencias judiciales vigentes son ignoradas por actores que presumen vínculos con el gobierno federal y el poder político actual.
