Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, fue capturado por fuerzas federales y estatales en un retén militar en San Marcos. La aprehensión ocurrió horas después de que el activista fuera convocado por un funcionario clave del gobierno estatal.
El contexto de la detención en San Marcos
El arresto de Jesús Plácido Galindo se ejecutó mediante un operativo que involucró a cerca de 40 elementos, entre militares, agentes ministeriales y policías estatales, en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos.
La secuencia de los hechos incluye los siguientes puntos críticos:
- Intercepción forzada: El líder del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) fue rodeado, esposado y despojado de su vehículo mientras viajaba con su esposa.
- Coincidencia operativa: La captura se efectuó tras una cita previa en Acapulco concertada vía mensajes de texto por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social y operador del gobierno estatal de Evelyn Salgado.
- Traslado bajo sigilo: Plácido Galindo fue subido a una unidad con insignias de la Fiscalía General de la República (FGR) sin que se notificara inicialmente su destino.
Imputaciones de la fiscalía y vínculos señalados
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado (FGE) justificaron la acción bajo una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido el 30 de octubre de 2021 contra José Pablo Xanteco Bartolo.
La narrativa oficial de las autoridades incluye las siguientes acusaciones:
- Responsabilidad penal: Se le señala como presunto autor del homicidio de un integrante de una comunidad indígena nahua.
- Nexos criminales: Las instancias de seguridad vinculan al detenido con grupos delictivos identificados como “Los Rojos”, el “Cártel de la Sierra” y “Los Tlacos”.
- Violencia regional: Se le atribuye responsabilidad en los episodios de violencia ocurridos en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera.
El historial de criminalización contra el activista
Organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, califican esta detención como un acto de persecución y hostigamiento contra defensores comunitarios.
La cronología de la presión estatal y federal contra Plácido Galindo detalla lo siguiente:
- Retiro de protección: En febrero de 2026, el gobierno federal le canceló las medidas de protección bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Denuncias de complicidad: En mayo, el dirigente denunció la colusión de los tres niveles de gobierno durante la incursión armada del grupo criminal “Los Ardillos” en comunidades de Chilapa, dejando seis muertos y más de mil desplazados.
- Bloqueo financiero: A inicios de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió sus cuentas bancarias, las cuales presentaban un saldo de 280 pesos.
Exigencia de liberación ante el gobierno federal
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Misión Civil de Observación Sexta y el Frente de Liberación de los Pueblos de Ayutla han demandado al gobierno de Claudia Sheinbaum la liberación inmediata del activista.
Las organizaciones exigen el cumplimiento de los siguientes puntos:
- Información sobre su paradero: Garantizar el acceso a datos precisos sobre la ubicación física del detenido tras su traslado en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
- Integridad física: Asegurar el respeto irrestricto a sus derechos humanos y a los protocolos del debido proceso.
- Cese al hostigamiento: Poner fin a la estrategia de criminalización estatal dirigida contra los defensores de derechos humanos y pueblos originarios en la entidad.
