La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una medida cautelar que impide la separación del cargo o inhabilitación de Samuel García, gobernador de Nuevo León, mientras el litigio contra el proceso de juicio político iniciado por el Congreso estatal sigue su curso legal.
Alcance de la protección judicial
La SCJN admitió a trámite la controversia constitucional 386/2026, otorgando una suspensión provisional que garantiza la permanencia del mandatario en sus funciones actuales ante los intentos legislativos de removerlo.
La resolución del Máximo Tribunal establece parámetros precisos para el proceso:
- Protección del cargo: La medida paraliza exclusivamente la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar al funcionario de sus funciones o inhabilitarlo.
- Continuidad investigadora: El Congreso de Nuevo León mantiene la facultad de proseguir con el trámite, desahogo del procedimiento y diligencias de investigación contra el gobernador.
- Límites procesales: Los efectos de la suspensión no detienen la actividad de la Comisión Anticorrupción ni la recolección de pruebas dentro del juicio político.
Investigación sobre triangulación de recursos
El gobernador de Nuevo León enfrenta un proceso legislativo derivado de señalamientos por una supuesta triangulación de recursos públicos que involucra a diversas empresas y despachos jurídicos.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León intensificó las diligencias durante el mes de junio, estableciendo los siguientes puntos de acción:
- Sesión permanente: La comisión aprobó desde el 26 de junio mantenerse en sesión constante para asegurar el avance del juicio político.
- Requerimiento masivo: Se autorizó la solicitud de informes financieros, declaraciones patrimoniales, información fiscal, actas constitutivas y contratos.
- Alcance de la fiscalización: La revisión técnica incluye a más de 60 dependencias, organismos paraestatales y universidades públicas.
Estado del litigio administrativo
Tras la notificación del acuerdo de admisión por ser promovida por parte legitimada y de manera oportuna, el cauce jurídico se encuentra en una etapa de confrontación entre el Ejecutivo estatal y el Legislativo.
Samuel García presentó su informe por escrito el pasado 23 de junio, cumpliendo con las formalidades exigidas por la Ley de Juicio Político. Actualmente, el conflicto se dirime bajo la supervisión de la SCJN, que actúa como árbitro ante la controversia constitucional 386/2026, manteniendo al gobernador en su puesto mientras el Poder Judicial define el fondo del asunto.
