La Fiscalía General de la República admite la ausencia de elementos probatorios mínimos para procesar la extradición de Rubén Rocha Moya, pese a los señalamientos vigentes emitidos por el gobierno de Estados Unidos.
La postura oficial de la FGR sobre el gobernador
David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, confirmó que la institución sostiene una investigación activa contra el gobernador con licencia, aunque sin el sustento necesario para proceder legalmente.
La carpeta de investigación se nutre de la solicitud formal enviada por autoridades estadounidenses con fines de extradición, pero los datos recabados hasta la fecha no cumplen con los estándares jurídicos establecidos en el sistema penal mexicano. Boone de la Garza fue tajante al señalar la insuficiencia probatoria tras una revisión que calificó como exhaustiva, la cual incluyó:
- Entrevistas ministeriales: Comparecencias realizadas a las 10 personas involucradas en el expediente.
- Informes técnicos: Recepción y análisis de reportes documentales derivados de la colaboración internacional.
- Proceso de verificación: Validación de los parámetros probatorios que exige la legislación nacional para cualquier medida privativa de la libertad.
El factor de la urgencia y la ley de extradición
La fiscalía rechaza la posibilidad de una entrega inmediata bajo la figura de extradición exprés, exigiendo a las autoridades norteamericanas la justificación de la urgencia solicitada.
La Ley de Seguridad Nacional no será aplicada para acelerar el envío de los señalados hacia territorio estadounidense. Según la FGR, el proceso debe apegarse estrictamente a la ley de extradición vigente, lo que obliga a la contraparte extranjera a explicar los fundamentos de su requerimiento. Esta dilación en la entrega de argumentos sostiene el estatus actual de Rocha Moya y los otros 10 implicados bajo un proceso de revisión que aún no determina una resolución judicial concreta.
La omisión de delitos financieros en la indagatoria
La investigación penal liderada por la FGR excluye deliberadamente cualquier análisis sobre el patrimonio o los movimientos financieros de los señalados por la justicia estadounidense.
Existe una divergencia técnica en las acciones institucionales contra Rocha Moya y los otros requeridos:
- Exclusión de delitos financieros: La FGR aclaró que no se están revisando las finanzas personales de los involucrados dentro del proceso de investigación actual.
- Acciones colaterales: El bloqueo de cuentas bancarias persiste como una medida solicitada por la propia FGR en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando la investigación penal ignora deliberadamente el origen o flujo de dichos recursos.
- Reserva de información: La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene bajo reserva, por un periodo de cinco años, toda la documentación oficial relacionada con el gobernador con licencia y Enrique Inzunza.
