La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impuso una reserva de cinco años sobre cualquier comunicación oficial con Estados Unidos referente a la investigación que pesa contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La estrategia de opacidad diplomática
La Cancillería fundamentó la negativa de transparencia bajo el argumento de que revelar los datos comprometería la conducción de las relaciones exteriores y los mecanismos de cooperación bilateral vigentes.
La dependencia federal justificó la clasificación de la información asegurando que su difusión causaría daños irreversibles en la confianza mutua entre ambos países, debilitando la eficacia de los canales de coordinación institucional. Según el Comité de Transparencia, la reserva incluye:
- Comunicaciones diplomáticas: Oficios, notas verbales y correos institucionales.
- Documentación de alto nivel: Fichas informativas, minutas de reuniones y posiciones institucionales.
- Mecanismos de cooperación: Solicitudes oficiales, estrategias de coordinación intergubernamental y análisis de inteligencia compartida.
Argumentos jurídicos y el conflicto de tratados
La SRE sostiene que la liberación de esta información contravendría la supremacía de la Convención de Viena sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La autoridad diplomática advirtió que la divulgación del contenido enviaría una señal negativa sobre el compromiso del gobierno mexicano respecto al Artículo 133 de la Constitución. Bajo esta interpretación, el Estado optó por un blindaje administrativo total, impidiendo que la ciudadanía conozca el alcance de las consultas entre Washington y México respecto a los funcionarios señalados.
El trasfondo de la acusación estadounidense
La opacidad en la SRE ocurre tras la acusación formal presentada en abril de 2026 ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se vincula a Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios con el tráfico de drogas.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia incluyen:
- Tráfico de sustancias: Trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- Tenencia ilícita: Posesión de armas de fuego vinculada a operaciones delictivas.
- Protección al cártel: Señalamientos directos sobre la facilitación de rutas operativas para el Cártel de Sinaloa desde territorio mexicano.
A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene el señalamiento activo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha limitado a señalar que las investigaciones están en curso. Aunque el Ejecutivo federal ha reconocido que el gobernador con licencia permanece en Culiacán, la administración actual se deslinda del control sobre sus movimientos, mientras mantiene bajo llave la correspondencia oficial que podría esclarecer el grado de colaboración o tensión con las autoridades estadounidenses.
