El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca ha revocado el auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen. La autoridad judicial dictaminó la prescripción de la acción penal, invalidando el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por sostener la teoría de un segundo homicida.
La inviabilidad jurídica de la teoría oficial
La resolución judicial desmantela la narrativa construida por la administración federal reciente al declarar la prescripción del delito de homicidio simple intencional tras 12 años de inacción legal sobre este perfil específico.
Los magistrados determinaron que la Fiscalía General de la República careció de elementos probatorios suficientes para sustentar la presunta participación de Sánchez Ortega en el magnicidio de 1994. Esta sentencia sepulta definitivamente la hipótesis del segundo tirador, un eje central en la estrategia de judicialización impulsada durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Contexto del ex agente en Lomas Taurinas
La detención y posterior liberación de Sánchez Ortega refleja las profundas inconsistencias que han marcado la investigación del caso Colosio durante más de tres décadas.
- Detención original: El 23 de marzo de 1994, Sánchez Ortega fue capturado en las inmediaciones de Lomas Taurinas, Tijuana, presentando manchas de sangre en su vestimenta y resultados positivos en pruebas de rodizonato de sodio.
- Argumento del acusado: El ex agente sostuvo que el contacto hemático derivó de sus intentos por auxiliar al candidato presidencial tras el ataque, negando en todo momento la portación de un arma de fuego.
- Archivo inicial: La Fiscalía Especial de la época descartó procesarlo tras determinar la ausencia de indicios sólidos, consolidando la tesis del asesino solitario, Mario Aburto Martínez.
El costo político de la reapertura del caso
La detención de Sánchez Ortega en noviembre de 2025 bajo la administración de Claudia Sheinbaum intentó rescatar una línea de investigación que ya había sido desechada por falta de pruebas consistentes.
El fallo del Tribunal Colegiado cierra cualquier margen de maniobra para el Ministerio Público Federal, dejando como única vía de impugnación una posible apelación por parte de la familia Colosio. Resulta relevante que los allegados al excandidato se han manifestado públicamente a favor de la clausura definitiva del expediente, solicitando incluso la liberación del único sentenciado, Mario Aburto Martínez. Con este veredicto, el intento de reescribir la historia judicial del 94 mediante la reactivación de viejas acusaciones contra el ex agente del Cisen se declara oficialmente improcedente.
