La agrupación política Que Siga la Democracia presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la negativa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarles el registro como partido político nacional.
el litigio por el registro como partido político
La agrupación busca revertir la decisión tomada por el Consejo General del INE el pasado 30 de junio, la cual denegó su acreditación formal.
Edgar Garza Ancira, presidente nacional de la organización, sostiene que el proceso administrativo cumplió con la totalidad de los reglamentos y requisitos exigidos por la autoridad electoral. El dirigente califica la resolución como injusta y asegura que la agrupación cuenta con la legitimidad necesaria para participar en los comicios de 2027.
controversia sobre la legalidad de los recursos
La defensa legal del grupo se centra en desestimar los señalamientos sobre irregularidades financieras que fundamentaron el rechazo del órgano electoral.
- legalidad de fondos: La defensa argumenta que los recursos económicos utilizados para la organización de asambleas y la captación de afiliados provienen de fuentes totalmente legales.
- cuestionamiento de fiscalización: Garza Ancira busca que el INE excluya de los cálculos de irregularidades un monto superior a los 900 mil pesos, argumentando un trato desigual en comparación con otras agrupaciones políticas.
- comparativa regulatoria: El dirigente señala que existen otras organizaciones con deficiencias más severas en sus reportes de fiscalización que sí obtuvieron el registro.
el reporte de la unidad de inteligencia financiera
El INE integró a su análisis un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que vincula a los dirigentes de Que Siga la Democracia con operaciones financieras complejas.
La UIF detectó una red que involucra transacciones bancarias mediante SPEI, depósitos en efectivo, cheques y el uso de activos virtuales y moneda extranjera. Esta información sugiere una estructura de interconexión financiera entre personas físicas y morales que, según la autoridad, amerita un análisis patrimonial profundo. Al respecto, la dirigencia de la organización alega que dicho reporte no fue considerado formalmente por los consejeros durante la sesión de votación.
inconsistencias en el registro de afiliados
El conflicto también abarca el rubro de las afiliaciones, donde el INE identificó irregularidades técnicas durante el proceso de verificación nacional.
- cifras del conflicto: El dirigente nacional reconoció la existencia de irregularidades, pero las minimizó al señalar que solo se detectaron 92 registros cuestionables sobre un universo de más de 300 mil afiliados reportados.
- estrategia legal: El equipo jurídico de la agrupación busca limpiar el padrón mediante la impugnación de las observaciones realizadas por el INE, insistiendo en que el volumen de errores es estadísticamente irrelevante para anular el registro.
