La Asamblea de Incidencia del T-MEC y más de treinta organizaciones sociales demandan al gobierno de Claudia Sheinbaum no ceder ante las presiones de Estados Unidos y priorizar los derechos humanos y la soberanía nacional en la revisión anual del tratado.
Riesgos de capitulación ante la política arancelaria de Washington
La negativa de Trump de prorrogar el T-MEC impone revisiones anuales hasta 2036 que exponen al gobierno de México a una constante vulnerabilidad frente a presiones arancelarias y comerciales unilaterales.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de no respaldar la extensión automática del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) condiciona la agenda interna nacional. El 4 de julio de 2026, mediante un reporte de la periodista Gloria Leticia Díaz desde la Ciudad de México, se expuso el posicionamiento de una amplia coalición conformada por la Asamblea de Incidencia del T-MEC, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos opositores al acuerdo.
Esta alianza advierte que el régimen de MORENA enfrenta una prueba de fuego para demostrar si su retórica soberanista se traduce en hechos tangibles. Existe un riesgo latente de que la administración de Claudia Sheinbaum acepte condiciones que rebasen el marco de una negociación soberana, en un intento desesperado por mantener a Estados Unidos dentro de la sociedad comercial.
Las organizaciones alertan que las revisiones periódicas anuales no deben convertirse en mecanismos de coerción internacional diseñados para erosionar los derechos laborales, ambientales o regulatorios del país, ni para profundizar un modelo que agudiza la desigualdad y precariza el empleo.
Demandas estructurales para salvaguardar la soberanía nacional
La representación social exige el establecimiento de límites claros en la negociación bilateral para impedir la erosión de las capacidades productivas, de infraestructura y de recursos estratégicos del país.
El pronunciamiento conjunto de la treintena de organizaciones firmantes establece líneas rojas muy claras frente a la revisión del acuerdo. Los puntos innegociables señalados por el colectivo técnico-social exigen que México no ceda en las siguientes materias críticas:
- Inclusión del sector energético: Protección irrestricta de la soberanía energética en el texto del tratado, impidiendo la entrega de recursos nacionales a intereses extranjeros.
- Dependencia alimentaria regional: Freno a la profundización de la dependencia alimentaria de México frente a los socios del norte.
- Reglas de origen draconianas: Rechazo a imposiciones técnicas de manufactura que impacten negativamente las instalaciones industriales que operan en territorio nacional.
- Condiciones laborales de millones: Salvaguarda de los salarios, prestaciones y derechos de los trabajadores mexicanos vinculados a los sectores de exportación regional.
Urgencia de una agenda regional enfocada en derechos fundamentales
La política comercial de América del Norte requiere una reconfiguración estructural para colocar las garantías individuales, ambientales y de los pueblos originarios por encima de los privilegios de los corporativos trasnacionales.
El bloque civil organizado exige a la presidenta Claudia Sheinbaum la instrumentación de prioridades urgentes en esta nueva etapa del tratado multilateral. La agenda propuesta busca revertir el debilitamiento de las capacidades del Estado para garantizar los derechos de su población.
- Protección ambiental y de pueblos originarios: Defensa de la biodiversidad, las semillas nativas y el territorio de las comunidades campesinas e indígenas.
- Movilidad humana regional: Construcción de una política de migración y movilidad basada estrictamente en los derechos humanos.
- Eliminación de prerrogativas corporativas: Desmantelamiento de tribunales o privilegios de inversión que limiten las facultades regulatorias y legislativas del Estado mexicano.
- Vigilancia social vinculante: Implementación de herramientas de fiscalización con participación real y activa de la sociedad civil.
Instrumentación de mecanismos de vigilancia y consulta popular
La fiscalización ciudadana del proceso de revisión periódica del acuerdo comercial representa la única garantía para evitar acuerdos a puerta cerrada y decisiones perjudiciales para la sociedad civil.
Para contrarrestar la opacidad en las futuras mesas técnicas de negociación, las agrupaciones firmantes demandan canales institucionales de contención y contrapeso democrático.
Se plantea la creación obligatoria de un mecanismo permanente, institucionalizado y transparente de participación de la sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, ambientalistas, campesinos y el sector obrero para acompañar formalmente las evaluaciones del tratado.
De igual forma, se exige convocar a una Consulta Popular vinculante sobre los impactos económicos y sociales del T-MEC. El objetivo es recopilar la opinión de la ciudadanía mediante el acceso oportuno a la información y una deliberación pública real, impidiendo que la integración de América del Norte se decida a espaldas de los sectores vulnerables.
Firmantes del pronunciamiento de la sociedad civil organizada
La oposición social al esquema actual de negociación del tratado comercial con el norte del continente agrupa a sectores estratégicos del sindicalismo, los derechos humanos y el medioambiente.
La declaración pública y las exigencias de fiscalización soberana al régimen están respaldadas formalmente por las siguientes agrupaciones:
- Asamblea de Incidencia del T-MEC
- Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Red de Mujeres Sindicalistas
- Nueva Central de Trabajadores
- Engenera
- Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata UPREZ”
- Campaña Nacional “Sin Maíz no Hay País”
- Global Exchange
- CartoCrítica
- Alianza por la Salud Alimentaria
- Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes
- Semillas de Vida
