El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos documentó 66 incidencias de abusos en 39 eventos relacionados con la Copa Mundial de Fútbol, afectando a manifestantes, periodistas y poblaciones vulnerables en diversas ciudades de México. Estos hechos exponen una peligrosa política de seguridad que vulnera libertades fundamentales.
A pocas horas de que la selección de México se enfrente a Chequia, y en un escenario de movilizaciones sociales previstas, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos ha documentado una alarmante serie de violaciones. Desde el inicio del mes, se han registrado abusos en 39 eventos, acumulando 66 incidencias donde un mismo suceso pudo implicar múltiples afectaciones a derechos humanos. Este observatorio es una iniciativa crucial de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), que agrupa a 88 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana. Su misión es monitorear los acontecimientos asociados al Mundial en los que activistas sociales convocan a movilizaciones para visibilizar problemáticas urgentes.
Escalada de agresiones: El Mundial como pretexto para la represión
La Copa Mundial de Fútbol se convierte en un marco para la vulneración sistemática de derechos fundamentales. De los 39 eventos con violaciones de derechos humanos, 36 se concentraron en la capital del país, con incidentes adicionales en Puebla, Toluca y Monterrey.
El monitoreo detalló una serie de prácticas estatales restrictivas y coercitivas:
- Actos de represión a la protesta social.
- Abuso de autoridad manifiesto.
- Omisiones y agresiones directas por parte de agentes del Estado.
- Revisiones injustificadas a ciudadanos.
- Operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos.
- Detenciones arbitrarias de manifestantes y ciudadanos.
Patrones de violencia: Encapsulamientos y tortura en la agenda oficial
Los abusos registrados incluyen tácticas represivas extremas y actos de violencia que rozan crímenes de lesa humanidad. En los 39 eventos documentados, se observaron patrones preocupantes de agresión.
Las violaciones y tratos crueles abarcan:
- Encapsulamientos de manifestantes, impidiendo la libertad de reunión.
- Despojo de pertenencias personales y de trabajo, una forma de desmovilización.
- Detenciones arbitrarias sin justificación legal.
- Amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad, generando terror.
- Actos de violencia sexual contra mujeres detenidas, un patrón de tortura.
- Uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad.
- Empleo de artefactos explosivos y balas de goma disparadas contra manifestantes.
- Golpes y lesiones físicas, documentando la brutalidad policial.
- Posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Blanco de la represión: Jóvenes, prensa y familias buscadoras
La securitización del espacio público golpea con particular virulencia a colectivos que ejercen su derecho a la protesta y a la información. Las víctimas de estos abusos son mayoritariamente manifestantes, incluyendo jóvenes, estudiantes, maestros, defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas.
El informe destaca la situación de los periodistas, quienes han sido víctimas de:
- Detenciones arbitrarias.
- Agresiones físicas.
- Diversos obstáculos para el ejercicio de su labor mientras realizaban acciones de documentación.
Estos actos no solo vulneran los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, sino que atentan contra el derecho fundamental de toda sociedad a estar informada. Como autoridades responsables de estas violaciones, sobresale la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones estatales y municipales.
Discurso oficial: La génesis de la criminalización estatal
Las violaciones de derechos humanos no surgen de forma espontánea, sino que son precedidas y, de hecho, legitimadas por narrativas gubernamentales. El Observatorio alerta que los abusos detectados tienen como antecedente discursos oficiales reproducidos “desde los más altos niveles del poder público”, incluyendo la Presidencia y la Secretaría de Gobernación.
Estas narrativas se enfocan en:
- La criminalización de la pobreza, estigmatizando a los más vulnerables.
- La criminalización de la protesta social, deslegitimando la disidencia.
- La criminalización de la defensa de los derechos humanos, atacando a quienes exigen justicia.
- Justificación de despliegues extraordinarios de seguridad.
- Imposición del control del espacio público por encima de las libertades.
Securitización: Política de riesgo para derechos fundamentales
Los hallazgos del Observatorio Mundialista confirman una tendencia profundamente preocupante: las medidas de seguridad, control y gestión del espacio público asociadas al Mundial tienen un impacto directo y deletéreo sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Lejos de ser hechos aislados, estas incidencias evidencian un proceso de creciente securitización del espacio público.
Esta política coloca en riesgo el ejercicio de derechos esenciales, particularmente:
- La libertad de reunión.
- La libertad de manifestación.
- La libertad de expresión.
- La participación política.
- El derecho al libre tránsito.
- La defensa de derechos humanos.
Lo documentado hasta ahora constituye una señal de alerta temprana sobre las consecuencias que genera la organización de un megaevento deportivo cuando las políticas de seguridad se colocan por encima de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de derechos humanos.
Doble castigo: Familias buscadoras y poblaciones callejeras
La agudización de la represión afecta desproporcionadamente a los grupos ya vulnerables, intensificando su sufrimiento y desprotección. La omisión de las autoridades para dar respuesta a demandas sociales exacerba los actos represivos, especialmente para las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Estos grupos enfrentan históricamente:
- Procesos de revictimización.
- Falta crónica de protección.
- Los discursos de criminalización incrementan los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.
- Debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho a la verdad, búsqueda, justicia y participación.
Otros sectores expuestos a riesgos por esta política de securitización son las poblaciones callejeras y personas migrantes. En el afán de la “recuperación de espacios públicos, reordenamiento urbano, seguridad o mejoramiento de la imagen de las ciudades sede,” se implementan acciones de desplazamiento forzado, retiro de pertenencias, desalojos y prácticas de limpieza social dirigidas contra personas que habitan o desarrollan su vida en el espacio público.
Además, las narrativas estigmatizantes expresadas desde el ámbito oficial han permeado en distintos sectores sociales, derivando en:
- Hostilidad y descalificación.
- Violencia contra personas y colectivos que ejercen derechos legítimos.
- Expresiones revictimizantes, discriminatorias y, en diversos casos, atravesadas por violencia de género, afectando directamente los derechos a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libre reunión.
Demanda urgente: Cese a la criminalización y protocolo transparente
Frente a la crítica situación, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos ha formulado nueve recomendaciones concretas a los tres niveles de gobierno. El objetivo es garantizar el pleno ejercicio de las garantías constitucionales de libertad de tránsito, de expresión, de manifestación y reunión durante la Copa Mundial de Fútbol.
Las organizaciones civiles participantes exigen:
- El cese inmediato a la criminalización, estigmatización y deslegitimación de la protesta social.
- La rectificación de las narrativas oficiales que califican la protesta social y la defensa de los derechos humanos como actos delictivos.
- Suspender de inmediato y de manera definitiva los operativos de “securitización extrema” que restringen el uso del espacio público.
- Establecer y transparentar protocolos claros para las fuerzas de seguridad (incluyendo las especializadas) que garanticen el respeto absoluto a la libre reunión, manifestación y libre tránsito.
- Asegurar que el despliegue de seguridad por el Mundial no sea excusa para ejercer abuso de autoridad o detenciones arbitrarias.
