António Guterres elevó la petición del Comité contra la Desaparición Forzada a la Asamblea General de la ONU, exigiendo debatir la situación mexicana con más de 135 mil víctimas y 72 mil cuerpos sin identificar, una acción rechazada por el gobierno.
Guterres eleva el colapso humanitario mexicano a la ONU
El secretario general de Naciones Unidas distribuyó la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada, instando a la Asamblea General a intervenir en la crítica situación de México. La solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) busca un análisis profundo de la crisis de desapariciones y la crisis forense que impactan a México. Estas tragedias humanitarias acumulan un estimado de 135 mil víctimas de desaparición y 72 mil cuerpos sin identificar bajo la custodia de las autoridades ministeriales.
El oficio A80/737, fechado el 12 de mayo y titulado “Decisión del Comité contra la Desaparición Forzada”, confirma la acción de Guterres. El mensaje distribuido a los Estados miembros de la ONU incluye una carta de Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del CED. Esta misiva solicita, conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que la decisión del Comité (CED/C/MEX/A.34/D/I) sea transmitida. Acompañan a la decisión la información recopilada de organizaciones de la sociedad civil y los informes de observaciones pertinentes comunicados por el CED, todos relativos al panorama en México.
Justificación del Comité por desapariciones generalizadas
El CED invocó el artículo 34 de la Convención, señalando indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas en el país. El presidente del CED, Albán Alencastro, explicó que este artículo otorga al Comité atribuciones para solicitar la intervención de la Asamblea General en escenarios donde existan “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática”. Entre febrero y mayo de 2025, el Comité recibió información crucial de organizaciones civiles y grupos de víctimas. Esta información indicaba que la situación mexicana, particularmente en lo concerniente a las desapariciones, incluyendo las forzadas, posee una gravedad suficiente para que el CED actuara bajo el amparo del artículo 34.
Proceso cronológico de la solicitud urgente del CED
Desde febrero de 2025, el Comité recopiló información crítica y, tras revisión, decidió comunicar urgentemente la situación mexicana a la Asamblea General en marzo de 2026. El Comité recibió información adicional que reforzó la necesidad de acción. Durante su 28º periodo de sesiones, llevado a cabo en marzo de 2025, los expertos del CED revisaron exhaustivamente la información relacionada con México desde 2012. Posteriormente, solicitaron información al Estado mexicano sobre esta situación, estableciendo como plazo el 18 de septiembre de 2025. Tras la evaluación de toda la información recabada, en marzo de 2026, el CED tomó la determinación de comunicar “con urgencia” la situación mexicana a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente del CED solicitó a António Guterres informar a la Asamblea sobre esta petición de intervención del máximo órgano de la ONU. La solicitud incluye también la divulgación de “la información recibida de las organizaciones sociales de la sociedad civil, así como los informes y las observaciones pertinentes”. El objetivo es que la Asamblea considere la adopción de medidas que asistan al Estado Parte en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas en México. Albán Alencastro concluyó su misiva reafirmando la disposición del Comité para resolver cualquier cuestión relacionada con lo expuesto en el documento. La elevación de este tema a la Asamblea General coincide con la salida de Guterres de la secretaría general de la ONU en octubre próximo, lo que podría contextualizar el impulso a esta deliberación en el periodo de sesiones venidero.
Rechazo gubernamental y oportunidad para una nueva etapa
La difusión de la solicitud del CED alerta sobre un procedimiento rechazado por la administración actual, abriendo un debate clave sobre cooperación internacional. La carta firmada por el experto del CED subraya la continuidad de un procedimiento ampliamente desaprobado por el gobierno actual. Este proceso posibilita que otros estados miembro de la ONU contribuyan a abordar tanto la crisis de desapariciones como la crisis forense, ambas extensamente documentadas por el grupo designado por Naciones Unidas. El asunto podría ser discutido en octubre próximo, durante un periodo de sesiones crucial donde también se determinará el nombramiento del sucesor de Guterres en la secretaría general de la ONU.
Amnistía Internacional México celebra la intervención histórica
La organización elogió la decisión como un reconocimiento a la gravedad de la crisis y una oportunidad para que México asuma seriamente sus responsabilidades pendientes. Amnistía Internacional México expresó su beneplácito en la red X por la decisión de llevar la preocupación del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Asamblea General de la ONU.
La organización resaltó diversos puntos clave:
- Este avance reconoce la gravedad de una profunda crisis que impacta a miles de familias.
- Representa el resultado de años de incansable lucha de personas buscadoras, colectivos y organizaciones de derechos humanos.
- La atención de la Asamblea General constituye una oportunidad histórica para que el Estado mexicano afronte con seriedad y urgencia los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.
- Lejos de interpretarse como una confrontación, este proceso debe percibirse como una vía para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y progresar hacia soluciones estructurales.
- Las miles de personas desaparecidas en el país y sus familias demandan respuestas efectivas y contundentes.
- Este momento debe marcar el comienzo de una nueva etapa definida por la voluntad política, la rendición de cuentas y una cooperación internacional robusta para enfrentar una de las problemáticas de derechos humanos más severas que atraviesa México.
