La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la protección legal que Google buscaba contra los plazos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para entregar información en investigaciones sobre posibles prácticas monopólicas. Este dictamen unánime valida la capacidad del Estado para actuar eficazmente.
El quiebre judicial sobre los plazos de investigación
La decisión del Pleno de la SCJN confirma la constitucionalidad del artículo 73 de la LFCE, objetado por Google, que fija un período de 10 días hábiles para la entrega de datos a la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), con una única extensión posible de otros 10 días bajo justificación de complejidad o volumen. El fallo establece que estos períodos son racionales y alineados con el mandato constitucional de investigar y sancionar prácticas monopólicas con eficiencia.
La estrategia de dilación de Google y la contundente respuesta del Estado
La pretensión de Google de obtener prórrogas indefinidas habría vaciado de contenido el período de investigación contemplado en el artículo 71 de la LFCE. La SCJN, mediante el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, blindó la facultad del Estado mexicano para garantizar que las investigaciones antimonopólicas no se dilaten de manera indefinida, protegiendo así la eficacia regulatoria.
Antecedentes y génesis de la disputa legal
El caso se originó a partir de una investigación que inició en 2022 la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ahora CNA, contra Google por presuntas prácticas monopólicas vinculadas al procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital. Esta acción regulatoria marcó el inicio de un conflicto legal que culminó en la reciente resolución de la SCJN.
Cronología del incumplimiento y la sanción económica
En enero de 2025, Cofece requirió información a Google. La compañía, tras agotar el plazo inicial de 10 días y la prórroga solicitada de 10 días adicionales, no entregó los datos y pidió más tiempo, alegando la magnitud de la información. Cofece desestimó la solicitud de Google y le impuso una multa de 2 millones 340 mil 979.74 pesos.
El amparo parcial y el giro del proceso judicial
Contra la sanción, Google tramitó un amparo que fue denegado en su totalidad, aunque logró que la multa impuesta fuera invalidada. La sentencia final mantuvo firme únicamente el rechazo a la segunda prórroga. La Corte, al confirmar la constitucionalidad de los plazos, ordenó el envío del expediente a un tribunal Colegiado. Este cuerpo colegiado determinará si la sentencia de amparo, que invalidó la multa pero ratificó la negativa de una nueva prórroga, se emitió conforme a derecho, manteniendo el caso en un curso legal dinámico.
