Tercera de Tres Partes
Por Víctor Hugo Arteaga
CULIACÁN, Sinaloa, abril 29 (XPFM).-Una red de empresas mexicanas señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por abastecer de precursores químicos al Cártel de Sinaloa (CDS), vendió durante años productos y prestó servicios a dependencias públicas del Gobierno del Estado encabezado por Rubén Rocha Moya.
Investigaciones basadas en registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agencia del Departamento del Tesoro, tiene en su poder contratos públicos que revelan que al menos siete empresas incluidas en listas de sanciones estadunidenses, recibieron cientos de contratos públicos entre 2018 y 2025, por un monto acumulado superior a 35.7 millones de pesos.
De esos 35.7 millones, hay 6 millones 126 mil 169 pesos que aparecen en plataforma de transparencia entregados a estas empresas, pero no aparecen los contratos, sólo las cantidades.
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Una vez encontrada las irregularidades, entre los años 2023 y 2026 el Departamento del Tesoro ha sancionado de 110 a 120 personas y entidades del Estado de Sinaloa.
Las contrataciones alcanzaron hospitales, universidades, centros de investigación científica y dependencias estatales, incluso después de que algunas compañías ya habían sido señaladas por autoridades estadunidenses.
En la llamada “Red Química de Los Chapitos” descubierta por los Estados Unidos, hay siete empresas sancionadas por la OFAC, todas ellas dedicada a comercializar productos y sustancias químicas.
Restricciones de visa a 75 personas vinculadas al CDS
Al gran número de empresas sinaloenses sancionadas en el último año, se suma la cantidad de visas revocadas en las últimas semanas a personas presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa.
En el último año más de 100 sinaloenses fueron sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por sus conexiones con el CDS, barajéandose, incluso, el nombre del propio Rubén Rocha Moya.
Apenas el 20 de abril el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 75 personas, presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
Las sanciones afectan a familiares, socios comerciales y allegados de esta organización criminal, buscando bloquear su ingreso y limitar sus operaciones, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Con esta acción Estados Unidos busca combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas mediante la inhabilitación de las redes de apoyo del cártel.
Aunque no se revelaron los nombres de las 75 personas, la medida busca desmantelar la estructura financiera y familiar del grupo criminal.
Este lunes 27 de abril el reportero de investigación estadounidense Steve Fisher, aseguró que fuentes de su país le confirmaron que la visa de Rubén Rocha Moya fue revocada desde el 2025.
El periodista destacó que durante su última visita a Sinaloa del embajador estadounidense, Ronald Johnson, se tenía programado que compartiría escenario con el gobernador Rocha Moya.
El escenario era la colocación de la primera piedra del Proyecto Pacífico Mexinol, que será la planta más grande del mundo de producción de metanol instalada en el puerto de Topolobampo.
Argumentando bloqueos por manifestaciones, el gobernador “no pudo llegar” al recinto y el embajador no se dio tiempo de esperarlo, iniciando un discurso en el que el diplomático dijo que si México quiere recibir inversión extranjera, debe trabajar para frenar la corrupción y la extorsión.
Recuento de sanciones a empresas y personas
En julio del 2023 inició la “cascada” de sancionados por el Tesoro, empezando con 10 personas y una empresa. En junio del 2025 fueron sancionadas 10 empresas o entidades.
En septiembre del 2025 los sancionados fueron 20 objetivos, es decir, personas y empresas; en octubre de 2025 se sancionó a ocho personas y 12 empresas.
Las sanciones en noviembre del 2025 incluyeron a 27 objetivos, en su mayoría casinos dedicados al lavado de dinero del CDS. Sólo en abril del 2026 los sancionados fueron 23 objetivos.
La red empresarial señalada por EU desde 2025
El 6 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra ocho personas y doce empresas mexicanas, acusadas de formar parte de una red que suministraba precursores químicos para la producción de fentanilo a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, los cuales en ese momento ya eran considerados grupos terroristas internacionales por el gobierno de Donald Trump.
Según el gobierno estadounidense, estas compañías vendían reactivos químicos, equipos de laboratorio e insumos para síntesis química y al mismo tiempo tenían contratos con el Gobierno de Rocha Moya.
De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, dichos productos terminaban en laboratorios clandestinos del grupo criminal que eran utilizados para fabricar fentanilo y metanfetamina.
El riesgo de infiltración del narcotráfico en compras públicas
El caso revela un problema estructural, las redes empresariales vinculadas al crimen organizado pueden infiltrarse en el sistema de adquisiciones públicas utilizando empresas aparentemente legales, acusan las autoridades estadounidenses.
En este caso, los productos vendidos por las empresas sancionadas fueron reactivos químicos, instrumentos de laboratorio e insumos para laboratorios.
Estos artículos pueden utilizarse tanto en investigación científica como en la producción de drogas sintéticas por parte de los grupos criminales investigados por las autoridades de Estados Unidos.
Empresas sancionadas que tuvieron contratos públicos
Entre las empresas más señaladas por el Departamento del Tesoro que aparecen como proveedores en la lista negra con contratos con instituciones públicas en Sinaloa se encuentran:
Sumilab S.A. de C.V., empresa de químicos en Culiacán y que se considera pieza central de la red de suministros al Cártel de Sinaloa.
Sumilab fue sancionada por OFAC desde mayo de 2023 y nuevamente en 2025. Fue creada conforme a datos del Registro Público del Comercio, el 25 de mayo del 2001 en Mazatlán.
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Los socios fundadores de Sumilab fueron Jorge Luis, Francisco y Víctor Andrés Favela López, así como Guillermo Gallardo García y Jairo Verdugo Araujo, personajes que también están en la mira del Departamento del Tesoro.
A Sumilab, el Gobierno del Estado de Sinaloa le asignó contratos desde de 2020 conforme a datos de Compra Net y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), por un monto de 13 millones 875 mil 986. pesos.
Además diversas entidades estatales como el Hospital Civil de Culiacán, le asignaron 71 contratos por adjudicación directa por un monto de 844 mil 423 pesos.
Otra empresa sancionada es Storelab S.A. de C.V., la cual es filial y tiene relación con Sumilab y sus socios.
Storelab fue creada el 6 de abril de 2021 en Mazatlán. A esta compañía la Universidad Politécnica de Sinaloa, le asignó un contrato por 26 mil 706.92 pesos, sin embargo, existe actividad en los años 2023 y 2024, pero sin datos de contratos.
Sus socios son Jorge Luis Favela López, María Gabriela Favela López y Jairo Verdugo Araujo, todos dentro de la lista negra de las autoridades de Estados Unidos.
Entre los contratos detectados con entidades estatales se encontraron entre 2021 y 2023 montos por 2 millones 992 mil 326 pesos con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) en Mazatlán
Además 6.1 millones de pesos en 70 contratos entre en adjudicaciones directas por 2021 y 2024.
La tercera empresa castigada es Favelab S.A. de C.V., que fue constituida en febrero del 2021 en el Municipio de Ahome, siendo socios Francisco Favela López, Kevin Favela Cuevas y Lenin Favela Cuevas.
A esta empresa la Universidad del Valle de Évora le asignó en 2022 contratos por un millón 281 mil 677 pesos y conforme a la información del departamento del tesoro de Estados Unidos; suministra precursores químicos.
También aparece como proveedor del Sistema para del Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa (DIF) en el año 2025, pero los link para conocer montos asignados y contratos están sin información.
Macerlab S.A. de C.V. fue creada a penas en marzo del 2024 en Culiacán. Sus socios son las Maryangel González Prado y César Elías López Araujo.
En la Plataforma Nacional de Transparencia, se identificó que, a cuatro meses de ser constituida, se convirtió en proveedora del Gobierno del Estado de Sinaloa y entre 2024 y 2025, le otorgaron contratos por 257 mil 027.40 pesos.
Comercial Viosma S.A. de C.V. fue creada el 25 de abril de 2012; su folio mercantil es el No. 81610. Sus socios son Sergio Renato Romero Carreón y Ubaldo Pérez Bojorquez.
En el caso de Sergio Renato Romero Carreón, es también socio de la empresa Roco del Pacífico Inmobiliaria S.A. de C.V., empresa también sancionada junto con su socia Martha Emilia Conde Uranga.
Por su parte, Ubaldo Pérez Bojórquez, es socio también en las empresas Talco Humectante S.A. de C.V., con sede en Guadalajara, y de Nacional de Servicios de Cambios S.A. de C.V., constituida en Nogales, Sonora.
Conforme a datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el año 2022 el Gobierno de Sinaloa, le otorgó cuatro contratos por 112 mil 971 pesos por medio de la Secretaria de Administración y Finanzas.
Qui Lab S.A de C.V. forman parte del mismo entramado empresarial dedicado a la venta de insumos químicos y equipo científico, utilizado tanto por universidades como por laboratorios clandestinos de acuerdo a información del Departamento del Tesoro.
Esta empresa fue creada el 6 de abril de 2021 en Culiacán, pero fue dada de alta en el Registro Público del Comercio en Ciudad Obregón, Sonora, el 5 de julio de 2021.
Sus socios son Jorge Luis Favela López, Aurora Favela López y Gilberto Gallardo García, pero de acuerdo al Departamento del Tesoro, la responsable de oficina es Liliana Paredes Lugo.
En la PNT solo se identificó tres contratos por 17 mil 394 pesos, otorgados por el Instituto Tecnológico de Sonora. En el caso de Compra Net Sonora, no aparecen datos de la empresa.
Distribuidora de Productos y Servicios Viand S.A. de C.V., está vinculada a la familia Favela. fue creada el 24 de febrero de 2021 en Culiacán. Sus socios son María Kassandra Favela Armenta y Sandra Marbella Armenta Armenta.
La empresa aparece como proveedor del Gobierno del Estado de Sinaloa, pero no existen datos de contratos, su operación se enfoca en el estado de Baja California, en donde desde el 2021 le ha asignado contratos por 88 mil 088 pesos. Dicha empresa aparece como sancionada en la lista de la OFAC.
Personas sancionadas por la OFAC
Las personas sancionadas por las autoridades estadounidenses implicadas en este entramado en particular, en su mayoría son socios o tienen algún tipo de conexión con las empresas ya mencionadas.
María Gabriela Favela López, alias “La Gaby”, Jaime Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, todas ellas ligadas a la empresa Sumilab.
Las autoridades estadounidenses señalan que estos empresarios operaban o actuaban en nombre de Sumilab y otras compañías vinculadas a la red de suministro químico del cartel.
Dependencias del Gobierno de Sinaloa que contrataron a la red
De acuerdo con registros de contratación pública y reportes periodísticos, las empresas sancionadas aparecen como proveedoras del Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.
Además son proveedoras del Sistema DIF Estatal, el Centro de Ciencias de Sinaloa y la Coordinación de Investigación Científica e Innovación.
En el sector salud ha ten ido contratos con el Hospital Civil de Culiacán, mientras que en el sector académico los han obtenido con la Universidad Politécnica de Sinaloa, la Universidad Politécnica del Valle del Évora y el Instituto Tecnológico Superior de Guasave.
Además, instituciones científicas federales con sede en la región también realizaron compras a estas empresas.
Contratos otorgados incluso después de sanciones de Estados Unidos
Uno de los aspectos más delicados es que algunas compañías continuaron obteniendo contratos públicos incluso después de haber sido señaladas por Estados Unidos.
Investigaciones periodísticas documentan que empresas del mismo grupo empresarial cambiaron de nombre, accionistas o estructura corporativa para seguir operando, lo que les permitió mantener contratos con instituciones públicas.
Un patrón que se repite en el noroeste
Los contratos con esta red no se limitaron a Sinaloa, también se detectaron adjudicaciones en Sonora, en Baja California Sur y en dependencias federales en el noroeste.
En total, se identificaron 630 contratos públicos con estas compañías en diferentes instituciones del país.
Empresas sancionadas en otros rubros
La red de empresas sinaloenses no se limita nada más empresas químicas, dentro del abanico de diversidad de financiamiento están los fraudes inmobiliarios y tiempos compartidos que han sido secuestrados por los grupos criminales.
Un total de 10 empresas, entre ellas clubes de playa, spas e inmobiliarias, fueron detectadas por las autoridades de Estados Unidos, esto luego de la denuncia de ciudadanos de ese país por fraudes en tiempos compartidos.
Uno de los nombres que más detectó el Departamento del Tesoro en este tipo de fraudes que afectó a 6 mil estadounidenses y costaron cerca de 300 millones de dólares, es el de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien era considerado por las autoridades mexicanas como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
“El Jardinero” fue detenido y trasladado a un penal federal de alta seguridad este lunes 27 de abril en Nayarit , tras un operativo de las Fuerzas Especiales de México.
